El relato del capitán Ányelo Palacios Montero

 

 

Entre los argumentos mencionaba que en su momento la Fiscalía General de la Nación le comunicó oficialmente a la Policía Nacional el nivel de riesgo en el que se encontraba Palacios, y señaló que con el traslado se podría perjudicar el normal desarrollo de la investigación, vulnerando sus derechos como víctima y testigo. Ese documento fue radicado el 25 de agosto de 2014 en la Dirección de Tránsito a las 12: 30 de la tarde.

 

Pasaron tres semanas, aproximadamente, para que el general  Ramiro Mena le respondiera mediante un oficio entregado el 17 de septiembre de ese mismo año. En el documento le dice que tal como lo ordenó el fiscal 51 en julio de 2014, se le asignó un policía para que lo escoltara, salvaguardando así su integridad, mientras el director de Protección y Servicios Especializados de la Policía evaluaba los riesgos y determinaba las medidas de seguridad.

 

Respecto a reconsiderar el  traslado, fue claro en señalar que la petición no podía ser atendida en la Dirección de Tránsito, sino que era necesario manejar el tema por Talento Humano o La Subdirección General de la Policía. Al parecer, el capitán Palacios a la fecha no tiene esquema de seguridad, ni tampoco tiene autorización para portar armas por su estado de salud.

 

Según se conoce en diferentes documentos radicados por el uniformado, estaría siendo víctima de persecución laboral, lo que le estaba desencadenando en problemas psicológicos debido al alto nivel de estrés, maltratos y discriminación a la que era sometido.

 

Conocimos una carta de Flor Alba Montero, madre del hoy capitán, dirigida al senador Juan Lozano; eso sucedió el 5 de junio de 2014, en la que pedía interviniera y frenara “la situación injusta laboral que se está cometiendo contra mi hijo  ha sido tanta la presión y persecución laboral que para mayo de 2014 presentó un desmayo acompañado de un episodio de sangre por boca, nariz y oído a causa del inicio de un derrame cerebral”.

 

Al parecer, lo que ellos llaman persecución llegó incluso a abrirle una investigación por unos hechos de corrupción en los que no habría participado Palacios, según lo indica un documento membretado con el escudo de la Policía Metropolitana de Bogotá, donde el oficial cuenta que todo inició cuando en 2012 el administrador de un parqueadero en Soacha, identificado como Armando Pinzón, lo llamó para proponerle un negocio que consistía en inmovilizar más vehículos y dejarlos en su parqueadero a cambio de algunos ingresos monetarios. Según Palacios, el administrador le contó que altos oficiales también recibían prebendas. "Manifestaba dar divisas a algunos oficiales a cambio de favores prestados entre los cuales menciona al señor general Palomino,  el señor general Castañeda y el señor coronel Manuel Silva Niño”.

 

Palacios, según parece, se negó a las pretensiones y recibió amenazas por parte del administrador del parqueadero, quien abría señalado que era amigo de los generales mencionados y que lo haría echar de la Policía.

 

Días después, un medio de comunicación hizo públicos los hechos de corrupción que estarían ocurriendo en el parqueadero de Soacha y salió a relucir el nombre del entonces teniente Anyelo Palacios. Empezó el proceso de investigación y en mayo de 2013 le notificaron que era destituido e inhabilitado por 12 años para trabajar en cargos públicos.

 

Según Palacios, con el tiempo se descubrió que varios uniformados fueron presionados para rendir indagatoria en contra del oficial, indicando que si lo hacían podrían ser trasladados y así desestabilizarían su núcleo familiar.

 

Después de más de 2 años de investigación, exactamente el 29 de octubre de 2014, la Procuraduría General de la Nación decidió revocar y absolver la decisión tomada en primera instancia contra el entonces teniente Ányelo Palacios.