Abren investigación a exdirectora de la UAESP por irregularidades en cementerios de Bogotá

La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria en relación con posibles irregularidades en la operación y funcionamiento de los cementerios distritales de Bogotá. 

Esta indagación se centra en Luz Amanda Camacho Sánchez, exdirectora general de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), y David Alejandro Cedeño Cárdenas, entonces representante legal del Consorcio San Marcos 2021.

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El ente de control busca determinar si durante la ejecución del contrato firmado con la Unión Temporal Cementerios del Distrito, que superó los 41.000 millones de pesos, se registraron irregularidades atribuibles a presuntas fallas en el seguimiento y control por parte del Consorcio San Marcos 2021, encargado de la interventoría.

La investigación se origina a raíz de múltiples inconvenientes que la Unión Temporal Cementerios del Distrito experimentó a lo largo de la ejecución de este contrato, que resultaron en sanciones impuestas por la administración distrital.

El organismo resaltó que las dificultades enfrentadas por la Unión Temporal podrían indicar un deficiente seguimiento y control, lo que plantearía interrogantes sobre la efectividad de la interventoría realizada por el consorcio, lo que habría generado preocupación entre las autoridades sobre la correcta gestión de los servicios públicos relacionados con los cementerios. 

La investigación también se centra en las presuntas anomalías derivadas del contrato de interventoría, que fue celebrado por más de 6.000 millones de pesos, pues al parecer, uno de los integrantes del consorcio podría haber estado inhabilitado para contratar con el Estado debido a una condena penal. 

La Procuraduría solicitó a la UAESP información detallada sobre el estado de los contratos de concesión y de interventoría, así como sobre los procesos sancionatorios que se han llevado a cabo en relación con estos contratos.

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La respuesta de la UAESP será fundamental para esclarecer los hechos y determinar si se han cometido irregularidades que justifiquen acciones disciplinarias adicionales.