Contraloría de Bogotá encontró riesgo fiscal de $4.000 millones en alcaldías locales

Por presuntas irregularidades en materia de corrupción, la Contraloría de Bogotá, tomó la determinación de abrir proceso de responsabilidad fiscal a cuatro alcaldías locales por supuestas irregularidades en la ejecución de algunos contratos por más de $4.000 millones.

De acuerdo con el organismo de control, en los fondos de desarrollo local de Kennedy, Usaquén, Ciudad Bolívar y Usme, se evidenciaron deficiencias en los controles para salvaguardar los bienes, fondos y recursos públicos de Bogotá, lo que según la Contraloría no permite el logro de los objetivos institucionales planteados en el plan de desarrollo “Bogotá mejor para todos”.

Para el caso de la Alcaldía Local de Kennedy, la Contraloría Distrital encontró dos hallazgos administrativos con incidencia fiscal: el primero, por deficiencias en la supervisión, interventoría y por no poner en funcionamiento los salones comunales que suman cerca de $1.700 millones; y el segundo, por afectación de la carpeta asfáltica y debilidades en la interventoría y supervisión de un contrato por valor de $1.155 millones.

En la auditoría realizada al Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, se encontraron dos hallazgos administrativos con incidencia fiscal por $432 millones: el primero obedece al deterioro prematuro de los bienes públicos, deficiencias en la calidad de los equipos biosaludables, deslizaderos y renivelación de las carpetas asfálticas, por cerca de $250 millones; el segundo, por mayores valores cobrados por el contratista por un valor de $82 millones.

La Localidad de Ciudad Bolívar también registra un proceso de responsabilidad por cerca de $318 millones por inconsistencias en contratos dirigidos a ofrecer talleres a los jóvenes durante jornadas extracurriculares, en los cuales se pagaron mayores recursos a sus instructores y no existen soportes de cuentas de cobro en los docentes.

Así mismo, en la Localidad de Usme se registró un hallazgo con incidencia fiscal por la terminación y liquidación de un convenio, lo que llevó a poner en riesgo $190 millones para la capital del país.

La Contraloría de Bogotá advirtió que una vez termine el proceso, dará a conocer las decisiones que hayan lugar.