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En Colombia, alcanzar una pensión adecuada es esencial para asegurar una jubilación tranquila, tanto para los trabajadores como para sus familias. En el contexto laboral del país, la pensión no solo es un derecho fundamental, sino también una garantía económica crucial en la etapa de retiro.
Sin embargo, el acceso a este beneficio está sujeto a diversos requisitos, como la edad y las semanas cotizadas, que varían según el fondo de pensiones al que se esté afiliado. Estas condiciones son fundamentales para determinar la elegibilidad para la jubilación. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), solo el 18% de los colombianos logra pensionarse, lo que revela una gran brecha en el acceso a este derecho.
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Para abordar esta situación, el presidente Gustavo Petro firmó el 16 de junio una reforma pensional que busca beneficiar a los adultos mayores y cerrar la brecha de aquellos que no logran acceder a una pensión. Este cambio legal marca un hito en los esfuerzos del gobierno por asegurar una vejez digna para todos los colombianos, consolidando un Sistema Integral de Protección a la Vejez.
El nuevo sistema busca ampliar la cobertura y mejorar los beneficios para la población mayor, y entre sus objetivos principales destaca la reducción del número de semanas necesarias para que las mujeres accedan a su pensión, una medida que responde a las inequidades de género que históricamente han afectado a las trabajadoras del país.
Quiénes pueden pensionarse solo con 1.000 semanas en Colombia
Actualmente, la ley establece que las mujeres pueden pensionarse a los 57 años, mientras que los hombres lo hacen a los 62. En cuanto a las semanas requeridas, Colpensiones exige haber cotizado 1.300 semanas, mientras que los fondos privados solicitan un mínimo de 1.150 semanas.
No obstante, gracias a la intervención de la Corte Constitucional de Colombia, desde el año pasado, se supo que las mujeres podrán solo con 1.000 semanas. Este tribunal declaró inconstitucional un apartado del artículo 9° de la Ley 797 de 2003, que exigía a hombres y mujeres la misma cantidad de semanas cotizadas para acceder a la pensión de vejez.
Este fallo se fundamenta en la observación de que dicha normativa violaba el derecho de las mujeres a recibir una protección especial en la seguridad social, afectando la igualdad material en el acceso a la pensión.
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¿Cuándo entrará en vigor la reducción de las semanas de cotización para las mujeres en Colombia?
A partir del 1 de julio de 2025, se implementará una reducción gradual del número de semanas necesarias para que las mujeres accedan a su pensión. Esta disminución comenzará con una reducción a 1.275 semanas, y continuará hasta alcanzar las 1.000 semanas en 2036.
Este cambio progresivo busca corregir la desigualdad que afectaba a las mujeres en términos de seguridad social y facilitar su acceso a una pensión justa. Además, la reforma reconoce el rol de la maternidad, permitiendo que las mujeres reduzcan 50 semanas por cada hijo que hayan tenido, lo que equivale a cerca de un año de cotización.
¿Cuáles son los requisitos para acceder a estos beneficios?
Para acceder a la reducción de semanas por maternidad y al beneficio de la disminución progresiva de semanas, las mujeres deberán haber cotizado al menos 750 semanas para el 1 de julio de 2025. Estos beneficios estarán disponibles para todas las mujeres, independientemente de si están en el régimen de transición o en fondos privados.
Nuevos pilares del sistema de pensiones en Colombia
El nuevo sistema pensional en Colombia se estructura en cuatro pilares clave que buscan ofrecer mayor cobertura y flexibilidad para los trabajadores:
- Pilar contributivo: Se basa en las contribuciones regulares realizadas tanto por los trabajadores como por sus empleadores.
- Pilar complementario de ahorro voluntario: Dirigido a quienes desean incrementar el valor de su pensión mediante aportes adicionales.
- Pilar semicontributivo: Diseñado para aquellos que han hecho aportes intermitentes a lo largo de su vida laboral.
- Pilar solidario: Este componente incluye bonos pensionales destinados a más de 2,5 millones de personas en situación de pobreza que no pueden acceder a una pensión, ofreciendo una protección económica fundamental.
