Alcalde de Segovia denunció amenazas de muerte por prohibir minería en el casco urbano

Tres meses después de levantarse el paro minero en el nordeste de Antioquia, el alcalde de Segovia, Gustavo Alonso Tobón, denunció que aún sigue recibiendo amenazas de muerte, al parecer, por parte de un sector que pretende explotar minerales en el casco urbano del municipio, considerado como una de las localidades que más produce oro en el país.

El alcalde de Segovia afirmó que por oponerse a la minería en la zona urbana, sigue recibiendo amenazas de muerte. Agregó que incluso han intentado sobornarlo, pues le han ofrecido dinero y contratación de personas para que permita las explotaciones.

"Es una situación muy complicada, siguen las amenazas por no permitir la minería en el casco urbano, cuando uno no accede a ofrecimientos, cuando uno no recibe plata de esta gente luego llegan a cosas peores como la intimidación y comentarios mal intenciones. Sin embargo, no vamos a permitir que al pueblo lo sigan tumbando con estas minas dentro del casco urbano".

En el último paro minero que dejó 4 personas asesinadas y más de 40 heridas, el mandatario fue amenazado de muerte, en un vídeo grabado por un grupo de encapuchados que portaban explosivos y navajas. Incluso, su hija tuvo que abandonar el municipio mientras se levantaban las protestas.

Pese a eso, Tobón afirmó que se siente tranquilo con su esquema de seguridad y que no abandonará la localidad, pese a las constantes amenazas.

"Mi familia me está acompañando, estoy totalmente tranquilo, cuando uno hace bien las cosas puede tener tranquilidad. Yo soy un alcalde elegido popularmente con la votación más alta en la historia de Segovia, no puedo abandonar el municipio en estas circunstancias", agregó.

Refranes populares dicen que en Segovia "primero hubo minería que pueblo", pues la explotación del oro comenzó hace más de 100 años, antes de que fuera erigido como municipio. Sin embargo, muchos de sus habitantes viven en la pobreza debido a la informalidad de las explotaciones.

En su momento, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, aseguró que el control del paro minero lo tuvieron los criminales. Denunció que las bacrim, el ELN y una red que vende explosivos estuvieron en la zona lucrándose del cese de actividades que dejó a cientos de comerciantes al borde de la crisis.