Alcalde que cobró transporte escolar que era gratuito es reemplazado

El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, designó los alcaldes encargados de los municipios de Almeida y Sotaquirá luego que sus mandatarios tuvieran que dejar los cargos tras decisiones disciplinarias y penales. 

Sotaquirá

En Sotaquirá nombró a Gustavo Morales como alcalde encargado.

Polémica a nivel nacional generó el hallazgo de la Fiscalía contra el alcalde Luis Felipe Higuera Robles, quien enfrenta un proceso penal  por implementar un cobro ilegal de transporte escolar a través de unas tiqueteras. 

Al exalcalde le imputaron seis delitos entre ellos peculado por apropiación, prevaricato por acción, por omisión, contrato sin el lleno de los requisitos legales, ocultamiento o destrucción de elementos probatorios, asociación para la comisión de delitos contra la administración pública.

En la audiencia que duró cuatro días, el juez primero penal municipal con control de garantías de Tunja, le dictó medida de aseguramiento con detención preventiva en establecimiento carcelario, por lo que fue trasladado a la cárcel de El Barne en Cómbita. 

Higuera Robles al conocer la decisión del togado redactó su carta de renuncia al cargo y la envió al gobernador Amaya, quien nombró como alcalde encargado al director de Transparencia de Boyacá, Gustavo Morales. 

Se espera que el Partido Liberal que avaló la candidatura del exmandatario, envíe una terna sobre la que se definirá el nombre del alcalde que terminará el periodo, del que solo restan 15 meses. 

Almeida

En Almeida nombró a Pedro Andrés Arévalo como alcalde encargado.

El pasado 17 de septiembre en su visita a la capital boyacense, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo anunció la destitución del alcalde Carlos Alberto Acevedo Velásquez por haber vulnerado el régimen de inhabilidades. 

Según el Ministerio Público, Acevedo Velásquez fue elegido al estar impedido para ejercer el cargo, puesto que un año antes de las elecciones del 25 de octubre de 2015, firmó un contrato de prestación de servicio con la administración municipal.

En un fallo de segunda instancia, la Procuraduría determinó que el exalcalde violó los principios de moralidad, transparencia, equidad e imparcialidad que son la base fundamental para ocupar cargos de elección popular.