ANT rechaza versiones de irregularidades en adquisición de tierras en el Meta

En respuesta a versiones sobre una presunta compra de predios despojados en el departamento del Meta, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) aclaró que “no ha comprado predios a privados en Puerto López”.

La entidad informó que los únicos predios adquiridos en este municipio del Meta corresponden a “alrededor de 14 predios a través del convenio con la Sociedad de Activos Especiales (SAE)”, entidad encargada de la administración de bienes sujetos a extinción de dominio.

La Agencia rechazó enfáticamente las versiones incorrectas que han circulado al respecto y expresó que “rechazamos de manera categórica las afirmaciones infundadas por cualquier medio de comunicación que induzca a la desinformación sobre este tema”. Asimismo, hizo un llamado a los medios de comunicación a rectificar la información difundida.

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La ANT reiteró su compromiso con la transparencia y el estricto cumplimiento del debido proceso, en la adquisición de tierras en el país. En ese sentido, enfatizó su rechazo a “cualquier acto de despojo y usurpación de tierras”.

Por último, la entidad manifestó su disposición para colaborar con la Fiscalía General de la Nación y aportar información que pueda contribuir a la investigación en curso.

LA agencia Nacional de Tierras sostuvo que “manifestamos nuestra plena disposición para colaborar con la Fiscalía General de la Nación y aportar cualquier información que pueda contribuir a la investigación en curso”. La ANT respalda las acciones que busquen garantizar justicia frente al desplazamiento forzado.

Esta respuesta por parte de la ANT, tras el anuncio de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentará ante un juez de control de garantías a diez presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Renacer’. Entre los imputados se encuentran el concejal de Puerto López (Meta), Carlos Orlando Heredia Leal y el exinspector de Policía, Carlos Gilberto Romero Parrado. Se les señala como responsables de desplazamientos forzados y usurpación de tierras en el oriente del país.

Estas personas fueron acusadas de delitos como “concierto para delinquir agravado con fines de desplazamiento forzado”, “desplazamiento forzado”, “financiación del terrorismo” y “administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada”. Ninguno de los procesados aceptó los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Además de los dos funcionarios, la decisión afecta a Sibel Rubiano Galvis, Carlos Enrique Osorio, Álvaro Cegua García, Luis Eduardo Quiceno Tonguino, Celerino Marín Moreno, Bernardo Antonio Ramírez Montoya, Manuel Leonardo García Herrera y Pedro Alejandro Rojas Campos.

Según la investigación, el grupo ‘Renacer’ operaba desplazando a los propietarios de fincas ubicadas en Villavicencio, Puerto López y Puerto Gaitán (Meta). Posteriormente, “el concejal Heredia Leal y el exinspector Romero Parrado facilitaban los trámites administrativos” para que los predios quedaran en manos de terceros. Estos últimos, a su vez, vendían las propiedades como si fueran legítimos propietarios a la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

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En algunos casos, las fincas también habrían sido utilizadas para actividades ilegales relacionadas con el narcotráfico y el tráfico de armas. Las autoridades han identificado al menos “tres eventos delictivos que involucran a igual número de propiedades” como parte de estas actividades ilícitas.