Así será la contratación pública tras declaratoria de emergencia por el coronavirus

En uno de los principales puntos, se manifiesta la necesidad que las audiencias públicas que estaban fijadas para los procesos de contratación se hagan mediante teleconferencias para así evitar las aglomeraciones y el contacto físico.

Las partes intervinientes deberán velar para que se mantengan los principios de transparencia y publicidad. En el procedimiento se deberá dejar constancia de la metodología que se utilizó a la hora de desarrollar el procedimiento de contratación.

La entidad estatal deberá garantizar el acceso a los medios electrónicos con el fin que todos los intervinientes (proponentes, entes de control y ciudadano interesado) puedan ingresar y participar.

Las mismas medidas aplican para aquellos procesos de tipo sancionatorio. Las entidades deberán motivar el uso de plataformas electrónicas para su acceso y velar para que se cumpla el debido proceso y el derecho a la defensa.

En estos dos casos, de presentarse algún inconveniente para el acceso o para poder permitirle el ingreso virtual a todos los interesados se abre una puerta para realizar la suspensión provisional del trámite o una revocatoria del mismo.

Coronavirus

Otro de los puntos clave del decreto abre la puerta para que se adelante un proceso de contratación ágil y expedito para adquirir bienes, obras o servicios para contener la expansión del virus y atender la mitigación de la pandemia en el país. Para esto se crean los “catálogos de emergencia” que establecen los lineamientos para ofrecer y adquirir los bienes que sean considerados de primera necesidad y urgencia.

“(…) En los acuerdos marco de precios vigentes, directamente relacionados con la pandemia, podrá configurar catálogos de emergencia, conformados por proveedores preexistentes en estos Instrumentos de Agregación de Demanda, así como por nuevos proveedores, previa verificación de los requisitos habitantes y de calificación del proceso de selección”, indica el decreto.

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En el artículo 7 se establece la “contratación de urgencia” para obtener y realizar las labores necesarias “para optimizar el flujo de los recursos del interior del sistema de salud” para ayudar a las personas que se han visto afectadas por este virus.

“(…) contratación directa del suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus Covid-19”, precisa.

El decreto fija además una adición y modificación de los contratos estatales firmados con entidades estatales y cuyo objetivo central tenga relación con bienes, obras o servicios que permitan una mejor gestión y mitigación de la situación de emergencia.

Estas adiciones se podrán realizar sin “limitación al valor”. Para avalarlo, la Entidad Estatal deberá justificar la necesidad de ampliar el límite y la forma en cómo estos bienes y servicios contribuyen a “gestionar o mitigar la situación de emergencia”.