Colombia sigue en crisis en la lucha contra la corrupción

La organización de Transparencia Internacional presentó los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción -IPC-, la calificación confiere puntajes entre 0 y 100, donde 100 indica que el país se percibe como muy transparente, mientras que 0 lo califica como muy corrupto.  

En el 2022, Colombia obtuvo 39 puntos sobre 100 en el IPC y su posición en el ranking se registró en el 91 entre los 180 países evaluados; toda calificación por debajo de 50 afirma que existen serios problemas de corrupción. 

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“Soborno, desvío de recursos públicos, uso de cargos públicos para beneficio privado, nepotismo en el servicio civil y captura del estado, entre otros han sido los diferentes tipos de corrupción que afectan al país”, asegura Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, 

Cabe destacar que, desde 2012, la calificación de Colombia ha oscilado entre los 36 y 39 puntos, sin lograr cambios estadísticamente significativos y asegurando que el país está en crisis. 

En las Américas, el promedio obtenido fue de 43 puntos sobre 100 por cuarto año consecutivo, los países con mejor desempeño en el IPC 2022 fueron Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda. 

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Por el contrario, Yemen, Venezuela, Sudán del Sur, Siria y Somalia se clasificaron en los peores países en temas de corrupción. 

Según las cifras, los tres países con mejor calificación fueron Canadá y Uruguay, con 74 puntos, y Estados Unidos con 69, mientras que los peores calificados fueron Venezuela, 14; Haití 17; y Nicaragua 19 puntos.  

Los desafíos para Colombia 

•  Se debe trabajar en contra de las irregularidades en contratación pública, uso indebido de servicios de seguridad y vulneración de derechos humanos, entre otros hechos; teniendo en cuenta que la corrupción aumenta los niveles de conflictividad en el país
• Fortalecer los esfuerzos para identificar y evitar los riesgos de corrupción relacionados con la consolidación de la paz en el país. 
• Se debe contrarrestar los efectos de la problemática en la calidad de vida, el respeto por los Derechos Humanos y la preservación del medio ambiente. 
• El Gobierno Nacional y el Congreso deben articular un fuerte componente de lucha anticorrupción en el Plan Nacional de Desarrollo, contribuyendo a la justicia social, ambiental y paz total.