Comisión Internacional de DD.HH: es preocupante pasividad del Estado en el desmonte de paramilitarismo

La Comisión Internacional de Verificación de Derechos Humanos, que visitó Colombia por tres días y se reunió con entidades gubernamentales, la Iglesia, la verificación de la ONU, organizaciones sociales y defensores de derechos Humanos, advirtió sobre los incumplimientos del Gobierno frente al proceso de paz, entre ellos la “pasividad extrema del Estado con el desmonte de paramilitarismo”.

El coordinador de la Red de Solidaridad Flamenca con San José de Apartadó, Sus Van Olmen, indicó que es necesario que se cumpla con los puntos acordados para la implementación de los acuerdos de paz; sobre todo, lo que concierne al paramilitarismo, ante el incremento de asesinatos de líderes sociales.

“Denunciamos principalmente la pasividad del Estado respecto al punto que habla sobre el desmonte del paramilitarismo”.

Así mismo, Sus Van Olmen hizo un llamado a la comunidad europea para que vigile de cerca cuál será el uso que el Estado le dará a los recursos para la implementación del acuerdo de paz, teniendo en cuenta que dichos dineros llegaran directamente al Estado, donde se ha demostrado históricamente la poca efectividad en el uso de los recursos.

“Nos preocupa una tendencia de las agencias de cooperación a canalizar gran parte de los fondos hacia el propio Gobierno colombiano, pues en la fase de posconflicto se ha demostrado en repetidas ocasiones que esa vía es la menos eficiente para obtener resultados palpables para la población”.

Agregó que “la U.E. debe exigir al amparo del fondo fiduciario la justificación adecuada de los dineros donados y debe revisar la adecuación y transparencia de la gestión de las partes correspondientes de dichos dineros”.

Van Olmen también pidió a la U.E. que sea responsable de los actos de las empresas que llegan y están interesadas en Colombia para que no afecten a las comunidades.

“Consideramos que es necesario un mayor control de la comunidad internacional sobre la activación de las empresa europeas que tienen intereses en Colombia y que a menudo se convierten en generadores de violencia y espurio. Se deben encargar de las consecuencias sociales y ambientales de sus respectivas empresas”.

Por su parte, Joaquín Sánchez, director de la Red Europea de Solidaridad con Colombia, llamó la atención sobre los incumplimientos del Gobierno e indicó que ha quedado en evidencia que el alto al fuego por parte de las Farc se ha cumplido.

“Por parte de la Farc el alto al fuego se ha cumplido al día de hoy a pesar de que por parte del Gobierno legislativamente se han tramitado 12 de las 34 medidas establecidas en el acuerdo para implementarse en el primer año. De manera global se han cumplido únicamente el 18.3% de estos acuerdos”.

Sánchez además desglosó cada punto del acuerdo y enumeró el porcentaje de cumplimento del acuerdo de paz.

“En el punto 1 de la reforma rural integral hay un cumplimiento del 5%, del punto 2 de participación política se ha cumplido un 19%, del punto 3 del fin del conflicto se ha cumplido un 33%, del punto 4, drogas ilícitas un 6%, del punto 5 víctimas se ha cumplido un 9.3% y del punto 6 medidas de implementación verificación y refrendación se ha cumplido un 23%”, puntualizó Sánchez.

Joaquín Sánchez indicó además que el proceso de implementación sin el Fast Track será sustancialmente más lento, lo que le preocupa a la Comisión.

Javier Couso, eurodiputado de la Izquierda Unida, indicó que es muy grave que haya sectores judiciales incluso partidos políticos de la extrema derecha que están haciendo lo que sea para que el proceso de paz en Colombia se descarrile.

“Es un momento difícil del acuerdo de paz y exigimos que el Gobierno desmonte el paramilitarismo, que en muchas ocasiones como ya es sabido tiene actuación de las fuerzas militares. La comunidad Europea debe con una voz clara exigir el cumplimiento de los acuerdos en todos sus campos”, dijo Couso