Contraloría investiga posible acumulación indebida de tierras de funcionarios públicos y grupos privados

La Contraloría General de la República solicitó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que adelante las acciones judiciales para anular las ventas de predios baldíos, en aquellos casos en que se verifique acumulación indebida de Unidades Agrícolas Familiares.

Esta decisión se toma luego de valorar los informes presentados por la Contraloría Delegada del Sector Agropecuario en los años 2013, 2014 y 2015, sobre 33 casos referentes a 322 predios ubicados en los departamentos de Córdoba, Meta, Caquetá, Vichada y Antioquia.

Entre los predios se encuentra la Sociedad Agropecuaria el Ubérrimo, en el departamento de Córdoba, así como propiedades de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, denominadas como la Organización Pajonales.

Consulte también: Uribe, dispuesto a afrontar proceso de restitución de tierras del Ubérrimo (clic aquí).

También se encuentran predios de la empresa Cerro Matoso S.A., en el municipio de Puerto Libertador, en Córdoba.

Incluso se habla de propiedades de la familia del hoy ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, en el municipio de La Primavera, en Vichada, así como tierras del exministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde, también en La Primavera y Puerto Carreño, en Vichada.

"Los resultados fueron trasladados a la Fiscalía y Procuraduría, para que determinen si existe responsabilidad penal o disciplinaria por parte de funcionarios y particulares –según el caso-, frente al deber institucional de evitar que predios particulares adjudicados originalmente como baldíos fueran vendidos y consolidados en unidades de UAF (Unidad Agrícola Familiar) superiores a las permitidas por la Ley"; informó el organismo.

Competencia fiscal

Según la Contraloría, después de un proceso minucioso de análisis de los expedientes por parte de la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Delegada del Sector Agropecuario, se estableció que dado que las transacciones se derivaron de negocios entre particulares, "no es posible imputar a ninguno de estos daño fiscal tal como lo prohíbe expresamente la Ley 610 de 2000".

Una vez el Estado adjudica los baldíos, éstos salen del patrimonio de la Nación y pasan a formar parte del dominio privado del adjudicatario.

A partir de allí, los actos negociables son de carácter privado y escapan al ámbito de acción de este organismo de control, salvo que un juez anule las compraventas por encontrar probada la "mala fe" de los terceros adquirientes.

Violación de topes

No obstante, considera la Contraloría que si bien no existió un detrimento patrimonial, "es reprochable la violación de los topes establecidos en la Ley, como son la 450 hectáreas de la Ley 135 de 1961 o de la Unidad Agrícola Familiar –UAF, establecidos en la Ley 160 de 1994, que están orientados a promover la función social de la propiedad y a evitar la concentración de la misma".

De los 43 casos que entraron a análisis de la Dirección de Vigilancia Fiscal, aún queda por resolver la situación de 10, que concentran 183 predios, que equivalen a 199.871.43 hectáreas.

Los 33 casos de acumulación irregular de predios de origen baldío analizados y cerrados desde el punto de vista fiscal en la Contraloría, y puestos en conocimiento de las autoridades competentes, equivalen a 322 predios, para un total de 123.482.89 hectáreas.

Frente a la comunicación emitida por la Contraloría, en la cual solicita tomar medidas judiciales para anular la venta de tierras de origen baldío, en 33 casos, el ministro de Agricultura Aurelio Iragorri aclaró que los predios baldíos a los que se refiere el ente de control, no son de su propiedad sino de sus familiares.

Según el jefe de la cartera agropecuaria, él no es propietario de tierras en Vichada; "no tengo ni un solo centímetro de tierra en Vichada ni en ningún otro lugar de la altillanura colombiana".

Iragorri aseguró que nunca ha hecho gestiones ante las entidades del Estado para favorecer la adquisición de tierras de sus familiares.

De la misma manera, tildó de inadecuada la relación que hizo la Contraloría con su nombre.

"Me parece inadecuado que en la información emitida por la Contraloría, la cual en general se refiere y debe referirse a personas naturales o jurídicas concretas, se haga referencia a "familiares", generando un vínculo hacia la opinión pública con mi persona, aunque el órgano de control no me hace ninguna imputación personal", sostuvo.

"Mi actuación desde que llegué a ejercer el cargo de Ministro de Agricultura ha sido totalmente transparente, en ese sentido me declaré impedido para intervenir en la iniciativa legislativa del proyecto de Ley de acceso a tierras, impedimento que fue aceptado mediante decreto 1763 del 16 de septiembre de 2014", puntualizó.

Como un refrito calificó el exministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, la investigación que adelanta la Contraloría sobre la acumulación indebida de baldíos, y que involucra a predios de la familia del exalto funcionario en el Vichada.

"Eso es un refrito, que salga ahora después de haberse surtido los proceso que se surtieron y yo no sé si es en retaliación porque he escrito en contra del acuerdo de paz, y en contra del proyecto de ley de tierras que el Gobierno está presentando en el Congreso", afirmó.

El exministro se refiere a que durante la administración de la contralora Sandra Morelli, el organismo adelantó una investigación por supuesta acumulación de baldíos en Vichada cuando Lizarralde ofició como Ministro de Agricultura, tiempo en el cuál el Polo Democrático Alternativo hizo un debate sobre el tema de la Ley de Zidres.

Lizarralde dijo que no tiene propiedades en Vichada, por lo que insistió en que "no me podrán demostrar nada porque no tengo que ver en este tema".

En el caso del exministro, la Contraloría señala que su familia tendría propiedades en los municipios de La Primavera y Puerto Carreño, en Vichada, e investiga si estos predios, conocidos como las Unidades Afrícolas Familiares, UAF, fueron acumulados de forma indebida.

La relación de la Contraloría: