Contraloría lanza advertencia: drástica reducción presupuestal para 2025 en camino
la reducción presupuestaria afectaría la conectividad de los sistemas de información, la actualización de equipos informáticos y servidores.
La Contraloría General de la República (CGR) advirtió al director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López, de las graves consecuencias que tendría la reducción del 56% de los recursos solicitados para el año 2025, pasando de $424.844 millones a $186.701 millones.
A través de una carta, el contralor Carlos Hernán Rodríguez expresó que este recorte "pone en riesgo la funcionalidad y la seguridad" del organismo de control, afectando significativamente su capacidad operativa.
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Uno de los principales puntos es que el aplazamiento de recursos afectaría el proceso de modernización tecnológica, lo que ralentizaría la actualización de los sistemas y herramientas digitales, limitando la capacidad del organismo para procesar grandes volúmenes de información de manera eficiente.
"La productividad y la capacidad para tomar decisiones informadas y fundamentadas en tiempo real se verían gravemente comprometidas", señala el organismo de control.
Además, la reducción presupuestaria afectaría la conectividad de los sistemas de información, la actualización de equipos informáticos y servidores, así como la modernización de las instalaciones físicas, se verían comprometidas.
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La Contraloría advierte que con esta reducción se vería reducida su capacidad para evaluar el cumplimiento de las políticas públicas de manera efectiva. La falta de recursos obstaculizaría el monitoreo del progreso de las políticas y su impacto en la sociedad, limitando la supervisión adecuada de los programas gubernamentales. Esto comprometería "la efectividad del control y la transparencia en la ejecución de los recursos públicos".
La Contraloría destacó que, aunque comprende la necesidad de ajustes fiscales, la medida de aplazamiento afectaría gravemente su capacidad para cumplir con sus responsabilidades misionales. Esto incluye el control fiscal sobre los recursos públicos y la garantía de transparencia en la gestión pública.
Además, la reducción de recursos podría generar riesgos críticos, como "la exposición de datos confidenciales, deterioro de la infraestructura tecnológica e inseguridad de la información".