Cultivos ilícitos amenazan biodiversidad colombiana, advirtió MinJusticia durante la COP16

El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección de Política de Drogas, denunció que 54 especies en Colombia se encuentran en riesgo crítico y dos ecosistemas están bajo una amenaza total debido a los cultivos de uso ilícito y a la convergencia de otros delitos ambientales.

Esta alarmante situación fue expuesta durante el panel titulado 'Hacia una política de drogas más verde: reduciendo los impactos ambientales del narcotráfico a través del tránsito a la economía legal', que se llevó a cabo en el marco de la Conferencia de las Partes (COP16).

Durante el evento, se destacó que estos ambientes naturales son vitales para el sustento de comunidades en 28 municipios de los departamentos de Nariño, Cauca, Chocó, Bolívar y Norte de Santander, donde la actividad ilícita ha alterado de manera significativa la biodiversidad y la calidad de vida de sus habitantes.

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El director de Política de Drogas, Alexánder Rivera, subrayó la conexión directa entre las economías ilegales asociadas al narcotráfico y el deterioro ambiental.

”Se necesita fomentar el principio de responsabilidad común y compartida para mitigar este impacto negativo en nuestros ecosistemas. Los países donde están las personas que consumen lo que aquí se siembra tienen una oportunidad inmensa para ayudarnos a reducir la oferta y conservar nuestra biodiversidad", expresó Rivera durante su intervención.

Este panel se presenta como un espacio crucial para generar un diálogo entre expertos y autoridades sobre la necesidad de adoptar políticas que no solo aborden el narcotráfico, sino que también protejan el medioambiente.

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Teniendo en cuenta, la urgencia de implementar estrategias efectivas para mitigar el impacto de los cultivos ilícitos en la biodiversidad y los ecosistemas es más evidente que nunca, y se requiere de la colaboración internacional para lograr un cambio significativo.

En él participaron expertos como Luis Felipe Cruz, investigador de Dejusticia; Marta Machado, directora de la Secretaría de Políticas de Drogas de Brasil y Melina Risso, directora de investigación del Instituto Igarapé.