Defensa Jurídica del Estado evalúa apelar fallo que le obliga a pagar millonaria suma a Telefónica

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica anunció evalúa la posibilidad de recurrir ante instancias internacionales después de que un tribunal arbitral internacional resolviera a favor de Telefónica S.A. en un conflicto relacionado con la devolución de alrededor de 380 millones de dólares, tras la finalización de un contrato de concesión para la prestación de servicios de telecomunicaciones.

La entidad afirmó que, junto con la firma internacional Wordstone Dispute Resolution, están examinando en detalle la conveniencia de presentar recursos contra este laudo, ante instancias internacionales. 

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La decisión del tribunal de arbitramento internacional se dio a conocer en la mañana de este miércoles, por lo que la empresa informó a la Comisión Nacional de Mercado de Valores de España, (el supervisor bursátil español) de un laudo favorable del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

Telefónica inició el 2 de febrero de 2018 un procedimiento de arbitraje internacional, para reclamar supuestos daños ocasionados por una serie de medidas de las autoridades colombianas que afectaron a las inversiones de la empresa Colombia Telecomunicaciones.

Según explica la compañía española, la disputa surgió de la aplicación por parte de Colombia de varias decisiones para obtener la reversión de activos relacionados con el negocio de telecomunicaciones de Telefónica en ese país. A causa de tales medidas, Telefónica tuvo que pagar al Estado colombiano casi 380 millones de dólares en 2017.

En el arbitraje, Telefónica argumentó que las medidas que llevaron a este pago fueron implementadas en violación de los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, entre los dos países.

Para resolver la disputa se constituyó un tribunal arbitral internacional compuesto por tres miembros. El 12 de noviembre, el Ciadi notificó a Telefónica el laudo del tribunal y consideró que Colombia incumplió la obligación de otorgar un trato "justo y equitativo" a las inversiones de Telefónica.

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Esta decisión será objeto de análisis por los expertos de la Agencia de Defensa Jurídica para determinar la pertinencia de presentar un recurso internacional.