Defensoría solicita medidas cautelares para funcionarios públicos y candidatos amenazados

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, solicitará medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger a los alcaldes, funcionarios y candidatos políticos amenazados en Colombia. A la fecha, más de ocho funcionarios públicos han tenido que salir de sus territorios para ejercer su cargo.

La entidad alertó que Chocó, Arauca, Cesar, Guaviare y Nariño, entre otros, son las principales regiones del país donde los funcionarios públicos están siendo hostigados y amenazados por grupos armados ilegales.

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"Nosotros desde la Defensoría del Pueblo emitimos la alerta temprana 030-2023 de contexto electoral, donde hemos advertido una serie de riesgos en materia de Derechos Humanos, los cuales hemos visibilizado, compartido a toda la sociedad civil y a la opinión nacional; sin el propósito de cancelación ni de suspensión del proceso electoral del 29 de octubre. Lo importante aquí es responder en la capacidad de reacción que tengan las instituciones para mitigar y contrarrestar toda esa serie de riesgos", expresó Camargo.

Según los reportes, 35 servidores públicos y 42 candidatos los que han sido víctimas de intimidaciones de los grupos armados al margen de la ley en Caquetá, Norte de Santander, Chocó, Nariño, Putumayo, Bolívar, Arauca, Cauca, Guaviare, Huila, Tolima, Meta, Antioquia y Valle del Cauca.

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“Las medidas cautelares solicitadas tienen carácter extremo, urgente y prioritario, dada la inminente amenaza en la que se encuentran servidores públicos y participantes en la contienda democrática”, expresó Camargo.

A la fecha, hay 26 alcaldes amenazados y despachando afuera de sus municipios, tres gobernadores y 42 personas (candidatas y candidatos que compiten para ocupar cargos públicos) también han sido hostigados.

Asimismo, aspirantes a concejos, alcaldías, asambleas departamentales, Juntas Administradoras Locales (JAL) y gobernaciones, han sido intimidados por grupos armados ilegales. 

Además, la Defensoría identificó 113 municipios en riesgo extremo y 286 en riesgo alto, advirtiendo que hay altas probabilidades de la ocurrencia de hechos vulneratorios de los Derechos Humanos.

El Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia de las disidentes de las Farc, el ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, son los grupos armados que hacen presencia en 392 municipios de 24 departamentos.