Directiva de la Fiscalía para descriminalizar protestas pacíficas

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, emitió la directiva 0001 en la que imparte la hoja de ruta a fiscales e investigadores, con el objetivo descriminalizar la protesta pacífica en el país.

En esta directiva se recuerdan los principios fundamentales que deben guiar cualquier intervención de la Fiscalía, en el desarrollo de una protesta social pacífica, así como aquellos orientativos para la toma de decisiones cuando concurran hechos criminales.

En la directiva se le señala a los fiscales que no podrán asumir que la defensa de los Derechos Humanos constituye un factor de criminalización y aclara en qué momento el bloqueo de vías, raya con un delito.

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“Especial protección a personas defensoras de Derechos Humanos. Las personas defensoras de Derechos Humanos que convocan y participan en actos de protesta social, no serán discriminadas por esa condición, de modo que los fiscales no podrán asumir que la labor de defensa de los Derechos Humanos constituye un factor de criminalización", señala la directiva.

También se determina que “la conducta penalizada no es la obstrucción de vías o transporte, sino la acción dolosa de "incitar, dirigir, constreñir o proporcionar" por y con medios ilícitos su obstaculización”.

Así mismo, Camargo recordó que los periodistas gozan de una especial de protección en desarrollo del cubrimiento de las protestas.

“La actividad de los periodistas que cubren la protesta se encuentra amparada por el derecho a la libertad de expresión en la esfera individual y colectiva, por lo tanto, corresponde al Estado otorgarles el máximo grado de garantías para que cumplan su función, además de investigar cualquier acto de violencia que atente contra su integridad personal por parte de agentes públicos y de particulares", señala la Fiscalía.

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En esta instrucción se le deja en claro a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, que tengan en cuenta como presupuesto básico que la protesta social pacífica goza de protección constitucional y vía bloque de constitucionalidad y Declaración Universal de Derechos Humanos.