Durante paro nacional, más de 8.700 personas fueron víctimas desplazamiento y confinamiento
Pese a que desde el 28 de abril iniciaron las concentraciones del Paro Nacional, los hechos de violencia persistieron afectando la población
La Defensoría Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana identificó que durante el tiempo que duró el paro nacional, continuaron registrándose eventos de desplazamientos masivos forzados y de confinamiento que afectaron en total a 8.799 personas.
Entre el 28 de abril y el 28 de mayo, se registraron 18 eventos de desplazamiento forzado que dejaron 2.018 familias afectadas que corresponden a 5.590 personas que tuvieron que dejar sus hogares y pertenencias para salvaguardar sus vidas.
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También se conoció que se registraron tres casos de confinamiento entre los que nueve comunidades resultaron afectadas, entre ellas 3.209 personas.
Pese a que desde el 28 de abril iniciaron las concentraciones del Paro Nacional en Colombia, los hechos de violencia persistieron afectando directamente a la población.
“Desde el 28 de abril de 2021, fecha en la que empezó el paro nacional en Colombia, una de las protestas sociales más importante de este año, y hasta el 28 de mayo de 2021, se observa que persiste en el país la dinámica de afectaciones a las población que es víctima de la movilidad humana forzada, con ocasión del conflicto armado interno y/o por factores conexos a este”, establece el informe de la entidad.
Los eventos de desplazamiento masivo forzado y de confinamiento en medio de las protestas que se vivían en las calles colombianas.
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Las víctimas recibieron amenazas de las disidencias de las Farc por disputas territoriales entre los grupos armados ilegales que operan en la región como lo son, el ELN, las disidencias de las Farc EP y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
También se registraron hostigamientos armados perpetrados por las disidencias de las Farc y de otros grupos armados afectados por la erradicación de cultivos de uso ilícito de parte del Ejército Nacional. Enfrentamientos por el control territorial tanto de los corredores de salida de narcotráfico como de los centros de producción, procesamiento y distribución de cultivo de hoja de coca y otros delitos como la minería ilegal terminan generando el desplazamiento forzado de las comunidades.