El Consejo de Estado admite demanda contra decreto del Presupuesto General
En la demanda alegan irregularidades en potestades del DNP para modificar destinaciones del gasto. Se cuestiona necesidad de nueva reglamentación.
El Consejo de Estado admitió para su estudio una demanda que pretende que se declare la nulidad del decreto del Presupuesto General de la Nación, pues el accionante alega que se registraron presuntas irregularidades.
El demandante es el exministro Wilson Ruiz, quien afirma que el decreto otorga potestades al Departamento Nacional de Planeación para emitir conceptos que permitan hacer modificación a las destinaciones del gasto.
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"Le atribuye la facultad al Departamento Nacional de Planeación de emitir un concepto previo favorable cuando se presenten modificaciones y/o distribuciones en el presupuesto de gastos de inversión. En otros términos, la disposición demandada está encaminada a condicionar la forma en que se usa el presupuesto de inversión", dice el documento.
El exfuncionario del gobierno de Iván Duque resalta que esta situación es aparentemente irregular, pues ya hay reglamentación en el uso de esos recursos, por lo que no habría necesidad de emitir un decreto que permita decisiones del DNP.
"La programación del presupuesto de inversión ya se realizó con la Ley 2342 del 15 de diciembre de 2023, y la herramienta normativa utilizada para su respectiva reglamentación fue el Decreto 2295 de 2024, que en su texto no incluía la competencia creada y atribuida al DNP", añade la demanda.
Además, Ruiz afirma que habría entidades que se verían afectadas en el manejo de los recursos, pues dependerían de lo que decida Planeación para poder ejecutar las políticas públicas establecidas.
"Se verían supeditadas al concepto del Departamento Nacional de Planeación, en cuanto al manejo de los recursos de inversión, que a través de su ejecución permiten la materialización de programas, que en última instancia son la herramienta para desplegar las políticas públicas fijadas", concluyó el exministro.
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El Consejo de Estado admitió la demanda para estudiar los argumentos del accionante y tomar una decisión definitiva con respecto a la vigencia del decreto del presupuesto nacional.