“El ELN se vengó de la población”: HRW sobre ataques en Norte de Santander

HRW señala que la falta de verificación en los ceses al fuego permitió que el Frente 33 de las disidencias fortaleciera su control en la zona. “Ampliaron su capacidad de control, incluyendo el reclutamiento forzado de menores. Avanzaron en la construcción de puestos de salud, colegios e incluso realizaron fiestas navideñas con regalos a los niños”, señaló.

Uno de los testimonios documentados por HRW describe la existencia de un "campamento de resocialización", ubicado a 45 minutos de Tibú, donde personas eran retenidas en contra de su voluntad y sometidas a trabajos forzados. “Las personas reportan que quien estaba en control de este campamento era el Frente 33, que tuvieron que presenciar cómo había niños reclutados, cómo se cometían homicidios y violencia sexual contra mujeres, incluyendo menores de edad”, relató Goebertus.

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Ante la pregunta de si esto equivalía a un campo de concentración, Goebertus respondió: “Sí. Ellos lo llaman un campo de resocialización, pero sin duda es un campo de trabajo forzado profundamente violatorio de los derechos humanos”.

En cuanto a la implementación de la política de paz total, HRW advierte que sin un adecuado control de seguridad y justicia en la región, se ha puesto en riesgo a la población civil. “Los ceses no monitoreados y no verificados ponen en gravísimo riesgo a la población. Iniciar proyectos de desarrollo rural con un grupo armado sin garantizar condiciones de seguridad ha derivado en un baño de sangre en el Catatumbo”, advirtió la directora de HRW.

Goebertus también mencionó que desde 2022 no hay fiscales en Tibú por razones de seguridad. “Desde entonces, ninguno de los dos gobiernos ha garantizado las condiciones necesarias para que haya justicia en el territorio”, afirmó.