Empresa criminal operaba desde la finca del exembajador Sanclemente

Ante la jueza 33 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, la delegada de la Fiscalía General, indicó que las autoridades descubrieron que era una empresa criminal la que operaba desde la finca del exembajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente.

Una agenda encontrada en el laboratorio clandestino del alcaloide permitió descubrir que tenían registradas las compras con los valores de los insumos, el pago de las nóminas de quienes ‘trabajaban’ en el procesamiento del estupefaciente, entre otros hallazgos.

También se encontró el monto de los mercados que se hacían para abastecer las alacenas de la finca y, de esta manera, alimentar a quienes permanecían durante las 24 horas del día, fabricando la cocaína.

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“Esta agenda acredita para la Fiscalía que esta actividad delictiva no se estaba realizando únicamente para lo que se encontró el 12 de febrero de 2020, en ese laboratorio clandestino, sino que desde octubre de 2019 estaba funcionando. Allí quedó evidenciada la compra de insumos, pago de nóminas, compras de mercados e incluso rotulándolos desde el trabajo número dos al número siete”, reveló la fiscal. 

En su exposición, la delegada del ente investigador, aseguró que el hallazgo de la agenda ratifica que la producción del alcaloide era constante.

“Hubo un comercio de la sustancia ya marcada, como fueron los 25 kilos de cocaína hallados el 14 de febrero de 2020”, señaló.

En ese sentido, agregó que “a esta actividad delictiva están vinculadas las personas que fueron imputadas en las últimas horas, porque una vez se dieron cuenta de lo que ocurría, huyeron del lugar”.

Debido a esto, la Fiscalía les imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en concurso heterogéneo con tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos en calidad de coautores y concierto para delinquir, para el caso de Gustavo Enrique Bejarano Romero y Alexander Pinto Rojas.

Mientras tanto, a Laureano Martínez Cortes le imputaron tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos, falsa denuncia y concierto para delinquir agravado.

“Se logra advertir el contubernio que tenían para cuadrar la logística de la estructura delictiva que tenía propósitos definidos y por ello también se les imputó el delito de concierto para delinquir”, explicó.

Durante la diligencia, la delegada de la Fiscalía explicó también que a Martínez Cortes se le investiga por falsa denuncia, al haber detectado que mintió, al manifestar que lo habían amenazado para permitir que en la finca del exembajador Sanclemente, de la cual era administrador, se instalara un moderno y organizado complejo para la fabricación de cocaína.

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A través de varias conversaciones telefónicas que fueron interceptadas y posteriormente legalizadas ante un juez de garantías, se evidenció cómo Laureano Martínez Cortés, habría planeado mentirle a las autoridades sobre las falsas amenazas para no ser enviado a la cárcel.

“La Fiscalía acreditó lo de la falsa denuncia con la exhibición del documento, que el señor Lauerano expuso ante la URI especializada en Bogotá, sobre las presuntas amenazas que recibió para permitir una actividad ilícita en la finca que administrativa”, indicó.

Por considerar que son un peligro para la sociedad y que además pusieron en riesgo a miles de jóvenes que pudieron consumir las sustancias que supuestamente estaban fabricando, la representante de la Fiscalía pidió que les imponga una medida de aseguramiento restrictiva de la libertad.

A su vez, argumentó que “fue tan descarado y tan conchudo el grupo delictivo, al generar esta actividad, no en una zona inhóspita sino todo lo contrario, en un predio que se ubicaba a escasos 4 kilómetros del municipio de Guasca, por lo que se rodeó de cultivos de cebolla y papa”.

También describió que fueron cuantiosas las sumas de dinero que utilizaron para crear el complejo de fabricación de cocaína en esa zona de Cundinamarca.

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“Todo este andamiaje financiero y logístico para la adquisición de la cocaína fue generado a través de grandes cantidades de dinero que aún la Fiscalía está investigando para saber de dónde salió el musculo financiero con el que se pagaron nóminas y se compraron insumos químicos”, indicó.

Con la cantidad de insumos incautados durante los allanamientos, se podían producir cerca de siete toneladas de cocaína, que en el mundo criminal representan millonarias sumas de dinero, según la Fiscalía.

Cabe mencionar que en el mes de febrero se realizó el primer operativo en el que fueron capturadas varias personas dentro de la finca. 

Debido a esto, fueron enviados a la cárcel, Cristian Aníbal Gómez Vanegas, Yefer Iván Castillo Gómez, Jhon Jairo Morales Zambrano, Dumer Gustavo Bohórquez y Pablo Emilio Perilla.

La Fiscalía detectó tres laboratorios para la producción del alcaloide donde mensualmente fabricaban una tonelada de cocaína.

Debido a esto, les imputó los delitos de tráfico de estupefacientes y de insumos químicos.