Empresa de energía Air-e: agente interventor reveló hallazgos clave

Edwin Palma, agente interventor de la empresa de energía Air-e, presentó el primer informe diagnóstico de la compañía con fines administrativos, el cual consta de 704 páginas.

El documento contiene ocho puntos principales. Entre los hallazgos se encuentran contratos de energía incumplidos, desorden en la contabilidad y en la contratación con terceros, constantes racionamientos de energía informados como “mantenimientos”, baja ejecución del plan de inversiones, pérdidas de recursos destinados a la normalización eléctrica y deterioro en la calidad del servicio.

Sobre el tema contable y financiero señaló que la compañía tiene "deterioro patrimonial severo", reflejado en pérdidas acumuladas y un desbalance financiero significativo. 

En la informe señala que, las obligaciones causadas han sido valoradas inicialmente en $1.9 billones, sobre todo por el reiterado incumplimiento de sus obligaciones de pago. 

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Según la compañía, por cuarto año consecutivo, el resultado financiero acumulado no generó utilidad, lo que evidenció una incapacidad para generar los recursos necesarios que lograran garantizar la operación de la compañía. 

"Día tras día la situación empeora por la alta exposición a bolsa que tiene la empresa desde la intervención y por los precios de la generación de energía en el mercado".

El incumplimiento en el pago a los proveedores ha sido otra de las dificultades encontradas. Para la empresa, hay un sinnúmero de acciones legales en contra de la compañía y, en especial, procesos ejecutivos de los cuales 21 están suspendidos por la intervención por un monto de $69.325 millones.

"Adicionalmente, se generaron intereses moratorios en los contratos de recaudo de alumbrado público con las alcaldías por la demora en el giro de los dineros que pagan los clientes por este concepto en las facturas".

Los recursos debían ser entregados en un plazo no mayor a 45 días hábiles. Por otra parte, ante los problemas financieros, se encontraron procesos de limitación de suministro en curso por el retraso en el pago de obligaciones a los diferentes agentes del mercado eléctrico. 

Se destaca que para el tercer trimestre del año 2024 se presentó un incremento en la exposición a bolsa debido al incumplimiento de los contratos de compra de energía por parte de Air-e, lo que la llevó a reducir su cobertura en contratos en un 50%.

Es de resaltar que este aumento en la exposición a bolsa ocurre en un momento en el que el mercado que se transa en esta bolsa presentaba precios muy altos, lo cual agravó la sostenibilidad financiera.

Se encontraron también contratos en los que la compañía se comprometió a generar energía que al final no pudo, con grandes consecuencias económicas y jurídicas por dicho incumplimiento.

Otro de los hallazgos de la Agencia Especial, fueron los denominados racionamientos de energía que eran anunciados como "mantenimientos", que habrían afectado a distintas comunidades y al sector productivo, que derivó en afectaciones operativas de gran magnitud. 

“Este fenómeno presentó múltiples implicaciones en la calidad del servicio de energía. Injustamente, los usuarios experimentaron cortes en el suministro energético con una falsa información previa, lo que generó inconformidades y afectó la confianza en el sistema eléctrico”, comentó el interventor, Edwin Palma.

A esto se suma el impacto económico y social de sectores productivos y residenciales, los cuales enfrentaron limitaciones en sus actividades diarias, especialmente aquellos sin capacidad para implementar soluciones de respaldo como generadores o sistemas de almacenamiento.

Igualmente, fue encontrado el deterioro en la calidad del servicio de energía, reflejada en la baja ejecución del plan de inversiones durante las vigencias 2023 y 2024, lo que conllevó al aumento de fallas técnicas y pérdidas de energía. 

La gestión de proyectos muestra retrasos significativos debido a la insuficiencia de recursos y la falta de gestión para resolver las incidencias asociadas a su ejecución.

De enero a julio de 2023 y 2024, se presentó un incremento en la duración promedio de las interrupciones percibidas por los usuarios por las programaciones del llamado plan de gestión de la demanda.

El agente interventor también detectó altos riesgos laborales para la compañía que redundan en el clima laboral y la productividad, tales como tercerización desmedida, incumplimiento de obligaciones constitucionales, legales y convencionales y ruptura del diálogo social con trabajadores y sindicatos.

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De otro lado, entre los hallazgos comerciales están deficiencias en el sistema de facturación, así como las “mediciones estimadas” indiscriminadas o el uso del sistema de totalizadores o “Padres e hijos”, como la violación de derechos fundamentales de los usuarios han generado insatisfacción y desconfianza por parte de ellos.

La Agencia Especial encontró que la administración de la compañía, aparentemente sin razón legal, suspendió pagos a terceros que estaba obligada a ejecutar. Dichos pagos se han restablecido y se han superado diferencias penales, administrativas y judiciales con el operador del aseo, que reducen costos a la empresa intervenida. 

Para adelantar las tareas relacionadas con la reducción de pérdidas, el aumento del recaudo y las soluciones de autogeneración o normalización eléctrica la Agencia Especial identificó una ruptura entre la administración de la empresa y los usuarios. Problemas en el tratamiento de sus peticiones, quejas, reclamos. Respuestas inadecuadas a sus demandas, poco entendimiento en los procesos de normalización y baja dedicación a los temas de responsabilidad social empresarial, entre otros.

Este informe servirá de insumo para que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios determine la modalidad de toma de posesión sobre la empresa, que incluye desde la administración temporal hasta la liquidación. Decisión que deberá tomarse en los próximos días y para ello se ha previsto una reunión informativa entre el Agente Especial y el señor Superintendente el próximo 9 de enero en la ciudad de Bogotá.

El Agente Especial determinó solicitar a la Procuraduría General de la Nación el acompañamiento al proceso y a la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiera UIAF y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República un acompañamiento a la auditoría forense que se ha dispuesto al sistema contable y financiero de la compañía.