Esposa de víctima de falsos positivos dice que la paz no se puede lograr si no hay justicia

Durante el tercer día de la Audiencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que se lleva a cabo en Yopal, las víctimas continúan exigiendo verdad detallada de la manera en la que los militares, hoy comparecientes imputados, ejecutaron los asesinatos de personas inocentes que fueron presentadas posteriormente como bajas en combate. 

Carolina Castro, esposa de William Salamanca Cruz, asesinado el 26 de septiembre del 2006, en medio de la operación Escorpión adelantada por miembros de la Brigada XVI del Ejército Nacional, aseveró que su esposo fue torturado. 

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"Cómo no pudieron respetarle la vida a William por más de cuatro horas de secuestro donde les suplicaba que le respetaran la vida y a ustedes les importó cero...los brazos de él estaban partidos a punta de plomo, su cara estaba maltratada por la boquilla del fusil", dijo la mujer. 

Castro señaló que la paz no se puede lograr y mucho menos, sino que hay justicia. "Sanar heridas en situaciones que han alterado tanto nuestras vidas por ser sobrevivientes de los mal llamados falsos positivos causados entre 2005 y 2008, no es la razón fundamental de la aceptación de responsabilidad de los implicados en estos crímenes de lesa humanidad, pero sí lo es obtener su propia libertad y la oportunidad de seguir con sus vidas como padres, hijos y esposo". 

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Carolina argumentó que el sistema de justicia transicional de la JEP les da el derecho a la libertad a los responsables de los crímenes, pero que estos deben ganárselo con la verdad plena, detalla y útil.

"La paz no se puede lograr y mucho menos si no hay justicia y reparación integral. Queremos que Colombia entera y el mundo ponga la lupa en casos y que nunca más haya repetición", enfatizó la mujer.  

Este miércoles continuarán la Audiencia de Reconocimiento de Verdad, en la que 21 exintegrantes del Ejército, un funcionario del extinto DAS y dos terceros civiles, reconocen su responsabilidad en la comisión de 303 asesinatos, presentados como bajas en combate en Casanare, Boyacá, Arauca y Meta.