Exempleada de Laura Sarabia víctima de chuzadas pide millonaria indemnización

Fabiola Perea, una de las exempleadas de la ahora canciller Laura Sarabia y víctima de las interceptaciones ilegales, reapareció para exigir una compensación económica y un acto de perdón público.

La mujer presentó una solicitud extrajudicial que reclama 640 millones de pesos como indemnización por los daños sufridos, además de una disculpa oficial de varias entidades del Estado.

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El abogado de Perea, Boris Andrés Lombana, presentó el documento ante la Procuraduría, donde detalló los perjuicios ocasionados a su clienta y a sus cinco hijos. En el oficio, se menciona que Perea perdió oportunidades laborales y sufrió una fuerte estigmatización tras ser falsamente acusada de pertenecer al Clan del Golfo, acusación que, según la investigación de las autoridades, habría servido para justificar las interceptaciones ilegales a sus comunicaciones.

La solicitud de reparación pide una indemnización equivalente a 450 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), lo que asciende a 640.575.000 pesos.

Según el texto, esa cifra representa los ingresos que dejó de percibir debido a las consecuencias del escándalo, así como el daño moral y psicológico que ella y su familia sufrieron.

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La solicitud no se limita a la compensación económica pues la exempleada de Laura Sarabia exige que las entidades involucradas en el caso, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y la Fiscalía General de la Nación, realicen un acto público de disculpa.

Según la petición, en este acto, se debe reconocer la inocencia de Perea y su familia, así como la injusticia de las acusaciones que se hicieron en su contra. El documento también especifica que las disculpas públicas deben ser dirigidas a todas las víctimas de las interceptaciones ilegales, e invita a las personas directamente implicadas, sean o no funcionarios públicos en el momento, a participar en dicho evento.

Esta solicitud fue presentada ante la Procuraduría Delegada para los Juzgados Administrativos, con la intención de que se convoque una audiencia para discutir el caso y valorar la posibilidad de llegar a un acuerdo antes de que el asunto avance hacia las instancias judiciales.