Fedemunicipios mostró su preocupación por el fin del programa Colombia sin Hambre

Siguen las reacciones, luego que el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, anunciará que para 2025 programas como Colombia sin Hambre y Renta Joven tendrán cambios significativos. Bolívar señaló que la no aprobación de la Ley de financiamiento impactó directamente estos subsidios.

En diálogo con La FM el alcalde de Soacha y presidente de la Federación Colombiana de Municipios, Julián Sánchez, expresó preocupación por el fin de ambos programas. El mandatario local consideró que ningún momento es el más ‘oportuno’ para acabarlos. 

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“Creo que nunca existe el mejor momento para poder suspender programas sociales; por el contrario, la población de cada uno de los municipios de nuestra Colombia siempre ha buscado garantizar programas sociales a través del recurso público. Lo que genera es mayor dificultad en cada uno de los hogares y es bien importante dejar claro que son decisiones neta y exclusivamente del Gobierno Nacional”, afirmó Sánchez. 

El alcalde aseguró que, pese a respetarse los lineamientos del Gobierno, ese tipo de decisiones “ha llevado a que la inversión en temas sociales por parte de los entes territoriales tenga que ser mayor, entendiendo aún cuando llegan más competencias a cada uno de los municipios en el país y menos recursos (…). Necesitamos que el Gobierno entienda que no es solamente a través de competencias sino también de recursos como se fortalecen los entes territoriales”.

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El DPS indicó en los últimos días que en 2024 se generó un recorte presupuestal de $1.7 billones. De otro lado, aseveró que se mantendrán tres líneas de transferencia; a decir: adultos mayores,  Renta de cuidado, que cobija mujeres cabeza de hogar con hijos no mayores a seis años, y el de la devolución del IVA. 

“Para las demás personas que se asocian en cooperativas habrá créditos con tasas subsidiadas por DPS. Es la instrucción que me ha dado el Gobierno”, puntualizó Bolívar. Colombia sin Hambre llegó a beneficiar el año pasado a unas 3 millones de personas (mayoritariamente en pobreza extrema e indígenas) al entregarles subsidios de hasta $500.000.