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Gobierno aclara que diálogos de paz con el ELN no están suspendidos
Horas antes el presidente Santos ordenó a los negociadores del Gobierno con el ELN devolverse ante el reinicio de los ataques terroristas de este grupo guerrillero.
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Miércoles, Enero 10, 2018 - 06:42
Declaración del equipo negociador del Gobierno en la mesa con el ELN / Colprensa
La delegación del Gobierno nacional en la Mesa de Diálogo con el ELN en Quito (Ecuador) manifestó este miércoles su “total” rechazo a los atentados registrados en las últimas horas en Casanare, Arauca y Boyacá, adjudicados a ese grupo guerrillero.
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Ante estos atentados, el jefe del equipo negociador, Gustavo Bell Lemus, anunció que regresará inmediatamente a Bogotá para atender el llamado del presidente Juan Manuel Santos y tomar decisiones sobre el proceso de paz.
En un comunicado emitido desde la capital ecuatoriana, el equipo negociador del Gobierno señala se encuentra analizando los hechos perpetrados por el ELN y sus implicaciones para el futuro de la mesa de diálogo.
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“Buscaremos privilegiar el bienestar de los colombianos y precisar el mejor camino para avanzar en dirección correcta hacia la paz. El jefe de la delegación del Gobierno acudirá al llamado del señor presidente de la República a consultas para definir la posición del Estado colombiano frente a este momento”, acota en uno de sus apartes el comunicado.
De igual modo, añade que la voluntad del Gobierno de prorrogar el cese el fuego y de renegociar condiciones que atiendan al llamado de todos los colombianos y de la comunidad internacional ha sido clara y expresa.
“Para ello la delegación del Gobierno ha estado más que dispuesta a retomar el diálogo en Quito y avanzar sustancialmente en los puntos de participación de la sociedad en la construcción de la paz y del cese el fuego“.
Finalmente el escrito concluye diciendo que los hechos violentos por parte del ELN, tras culminar el cese el fuego bilateral, “desconocen la disposición del Gobierno; vuelven a afectar gravemente a la población y desatienden el clamor de la sociedad civil, líderes políticos, de derechos humanos, la Iglesia, países amigos y las Naciones Unidas. Estas acciones no son solo un atentado al oleoducto, son una afrenta directa a las comunidades”.
