Gobierno asegura que informe del relator de la ONU “muestra muertes sin verificar”

El Gobierno nacional lanzó duras críticas al informe revelado este miércoles en Ginebra (Suiza) por parte del relator de DD. HH. de Naciones Unidas, Michel Forst, quien indicó que 2016 hasta junio de 2019 Colombia fue el país con el mayor número de asesinatos de defensores en América Latina.

Sobre el informe la ministra del Interior, Alicia Arango, pidió respeto para Colombia frente a la información que se divulgó, ya que muestra muertes que no están verificadas. “Un informe que habla de unas muertes sin mencionar nombres, sino porque le llegó un rumor a la oficina, me parece que Colombia merece respeto”, indicó Arango a los periodistas.

También recalcó que "Colombia es un país al que le falta verdad y que pretende resolver problemas con verdades a medias; no vamos a llegar a ninguna parte así, tenemos que decirnos la verdad por dura que sea, porque sin verdad no hay justicia ni reparación y sin repetición”.

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A su turno, la canciller Claudia Blum indicó que algunas consideraciones del informe “no reflejan objetividad e integridad”.

Según Blum, no se es objetivo con la supuesta criminalización estatal de los defensores de derechos humanos en Colombia, acusación inadmisible que desconoce nuestras garantías y ordenamientos constitucionales y legales en procesos administrativos y judiciales.

“Las versiones sobre empresas estatales y privadas que presuntamente intimidan, criminalizan o estigmatizan a defensores y la supuesta connivencia de cuerpos de seguridad estatales con grupos ilegales, afirmaciones graves que se lanzan sin sustento en investigaciones verificadas”, fustigó Blum.

Las conclusiones, indica, sobre la supuesta falta de determinación política y de asignación de fondos para implementar el acuerdo de 2016, “desconoce de plano logros reconocidos por otros órganos de la ONU en la política de Paz con Legalidad y en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial”.

Asimismo, la canciller Blum asegura que se equivocan cuando mencionan las supuestas restricciones estatales a la libertad de expresión, la reunión pacífica y a las consultas previas, que se mencionan ignorando garantías constitucionales colombianas destacadas internacionalmente.

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Según la ministra de Relaciones Exteriores, al tiempo que Colombia reconoce el papel de la ONU en la promoción de los derechos humanos, es importante enfatizar en la necesidad de que los relatores cumplan su importante función en línea con el Código de Conducta adoptado por el Consejo de Derechos Humanos, que les exige al menos dos reglas: 

Primero, “establecer hechos sobre la base de información objetiva y fidedigna, de fuentes contrastadas debidamente. Y segundo, cómo tener en cuenta de forma íntegra y oportuna la información proporcionada por el Estado”.