Gobierno solicita audiencia pública por demandas de inconstitucionalidad del PND

El Ministerio de Agricultura junto a la Agencia Nacional de Tierras solicitó a la Corte Constitucional que se realice una audiencia pública por las demandas de presunta inconstitucionalidad del artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo (PND), el cual hace referencia a los mecanismos para facilitar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria.

Tanto la ministra Jhenifer Mojica como el director Felipe Harman buscan que el debate tenga participación de voces de la academia, organizaciones campesinas y expertos en jurisdicción agraria para que entreguen sus argumentos frente a la aparente inconstitucionalidad de dicho artículo. 

Le puede interesar: Petro insistirá por propuesta de compra rápida de tierras

Además, los funcionarios afirmaron que en la actualidad hay ocho demandas que buscan tumbar artículos del PND asociados a la Reforma Agraria. 

“Estas demandas lo que buscan es echar por el suelo la posibilidad de un país que pueda trascender la deuda histórica de la Reforma Agraria y evitar que se cumpla el Acuerdo de Paz, como lo hizo el gobierno pasado, que es desde donde vienen estas demandas”, dijo Mojica.

Así mismo, la ministra aseguró que este artículo es de gran importancia por tratarse de un instrumento que establece estrategias para materializar objetivos y que el Estado cumpla con lo pactado en el Acuerdo Final de Paz.

Tras la radicación ante el tribunal, la Ministra destacó que amparados en el artículo demandado, el Gobierno destinó en 2023 recursos cerca de 883 mil millones y en 2024 se adjudicaron tres billones de pesos para la adquisición de tierras.

Le puede interesar: Vienen más escándalos en otras entidades del Estado

Por su parte, el director de la Agencia Felipe Harman manifestó que las demandas de aparente inconstitucionalidad parten de una interpretación errada de la norma y están desprovistas de argumentación constitucional.

“Los demandantes han aducido errores formales en la producción de la norma y sustancialmente la han acusado de desconocer el derecho a la propiedad privada, al acceso a la administración de justicia, a la propiedad colectiva de comunidades étnicamente diferenciadas e inclusive de ser una medida que desconoce el principio de progresividad y la prohibición de regresividad", puntualizó el director.