Gobierno venezolano afirma que no habrá revocatorio en medio de estado de excepción

 

El líder opositor Henrique Capriles había advertido sobre un estallido social si el gobierno impedía el revocatorio contra Maduro este año. Bajo el estado de excepción, el mandatario ordenó tomar las fábricas improductivas, estrategia que analistas atribuyen a un líder acorralado.

 

Maduro, cuya gestión reprueban siete de cada diez venezolanos según la firma Venebarómetro, dispuso el sábado la intervención de las plantas paradas y encarcelar a los empresarios que, según él, intentan desestabilizar al gobierno, en la primera medida bajo el estado de excepción que regirá por tres meses y que, dijo, será prorrogado sucesivamente hasta 2017.

 

"¡Planta parada, planta entregada al pueblo! (...) Ustedes me van a ayudar a recuperar todas las plantas paralizadas por la burguesía", lanzó Maduro ante miles de partidarios.

 

Venezuela está sumida en una honda crisis agravada por el desplome del ingreso petrolero, con la inflación más alta del mundo (180,9% en 2015) y una caída del PIB de 5,7% el año pasado.

 

En el país con las mayores reservas de crudo del mundo y dependiente de las importaciones, la debacle significa la escasez de más de dos tercios de alimentos y medicinas, a lo que se suman los cortes cotidianos de agua y luz, y una violencia galopante.

 

 

Cuatro plantas cerveceras de Polar -la mayor productora de alimentos y bebidas del país- están en la mira, luego de que el pasado 30 de abril cesaran operaciones por falta de divisas para importar insumos, dentro del severo control de cambios impuesto en 2003.

 

Polar cubre 80% del mercado cervecero, y sus marcas prácticamente desaparecieron de los expendios, tras lo cual los precios de la competencia se duplicaron en un par de semanas.

 

El gobernante socialista acusa al presidente del grupo empresarial, Lorenzo Mendoza, de estar a la cabeza de una "guerra económica" para generar desabastecimiento y provocar su caída.

 

Pero no solo Polar podría ser intervenida, considerando que los empresarios venezolanos aseguran trabajar al 43,8% de su capacidad instalada por deudas con proveedores internacionales, falta de insumos y un severo control de precios que afecta la estructura de costos.

 

"Estamos hablando de un 25% de todo el parque industrial venezolano" que no cuenta con divisas para reactivar operaciones y podría ser afectado por la medida, advirtió este domingo a la AFP el diputado opositor y economista José Guerra.

 

El legislador aseguró que esta medida es "el camino hacia el desastre" y contraerá más la economía.

 

"Tal parece que la decisión oficial es dejar morir a la industria nacional con el consecuente empobrecimiento de los venezolanos", indicó por su parte a la AFP Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Confederación Venezolana de Industrias (Conindustria).

 

Para el analista Benigno Alarcón, la toma de plantas sería una advertencia a los empresarios de la "suerte que correrían" si cesan sus operaciones.

 

Pero detrás también estarían grupos económicos que apoyan al gobierno y buscarían "quedarse con los activos" bajo la promesa de ponerlos a producir, añadió.

 

 

Maduro también ordenó realizar el próximo sábado ejercicios militares para afrontar lo que denunció como una amenaza externa -refiriéndose a Estados Unidos-, en la que justifica el estado de excepción.

 

Analistas consideran que ese decreto, que se espera se publique el lunes, es parte de la estrategia del mandatario para evitar la realización, este año, de un referendo revocatorio que impulsa la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

 

"El gobierno estaría jugando a montar el marco legal para liberar las manos de los militares y poder reprimir" un reclamo en las calles a favor del revocatorio, señaló Alarcón, recordando que estas medidas suelen restringir el derecho de protesta y autorizan detenciones preventivas sin orden judicial.

 

El presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, advirtió este domingo vía Twitter que el gobierno se prepara para convocar el revocatorio en febrero de 2017.

 

Maduro, por su parte, ha señalado que el revocatorio no tiene viabilidad política.

 

Según una reciente encuesta de la firma Datanálisis, 70% de los venezolanos apoya un cambio de gobierno.

 

En lo que reconoció como una "bofetada", Maduro sufrió en diciembre una aplastante derrota cuando la oposición se hizo por primera vez con el control del Parlamento en 17 años de era chavista.

 

"La oposición sabe que la protesta es el único mecanismo para escalar la presión, y el gobierno necesita detener esa tendencia", añadió Alarcón.

 

La MUD espera que el Consejo Nacional Electoral (CNE) valide las firmas que presentó para activar el revocatorio, primera etapa de un largo proceso que se podría extender hasta fines de año.

 

También quiere realizar la consulta en 2016, pues si se la hace después del 10 de enero de 2017 -cuando se cumplen cuatro años del período presidencial- y Maduro pierde, los dos años restantes los completaría el vicepresidente, designado por el jefe de Estado.

 

La afirmación de Istúriz, sin embargo, pone en duda la realización de la consulta tanto en 2016 como en 2017. Aunque habrá que esperar un pronunciamiento del CNE.