Grupos armados imponen su ley frente al Covid-19 en Colombia: HRW

La ONG Human Human Rights Watch (HRW) con sede en Washington, EE.UU., entregó un informe sobre las acciones delincuenciales de varios grupos armados en Colombia en medio de la pandemia de coronavirus.

El informe revela que el ELN, las disidencias de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y otros grupos criminales imponen su propia ley en once de los 32 departamentos del país, y amenazan o castigan con sanciones violentas a la población civil que incumpla con las medidas de aslamento preventivo.

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"Nuestras investigaciones demuestran que los grupos armados informaron a las poblaciones locales que estaban imponiendo reglas para evitar la propagación de Covid-19 en al menos 11 de los 32 departamentos de Colombia: Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander y Putumayo" señala parte del informe de la Human Rights Watch.

La investigación de esta ONG indica que los grupos armados han impuesto toques de queda, restricciones en los horarios de cicrulación y apertura de comercios y prohibiciones de entrada a las personas que vengan de otras zonas del país.

Así mismo han amenazado a quienes incumplan sus reglas y han atacado con violencia e inclusive asesinado a las personas que incumplen dichas impocisiones en los territorios donde delinquen estas organizaciones criminales.

Según el informe, e​​​n al menos cinco de los departamentos afectados, los grupos delincuenciales perpetraron actos violentos, mientras que en al menos otros cuatro amenazaron a la población civil mediante panfletos y mensajes de Whats App.

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José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW indicó que: “Este brutal control social refleja las históricas falencias del estado para establecer una presencia significativa en zonas remotas del país que permita proteger a las comunidades en riesgo”.

El informe es el producto de una investigación que adelantó la ONG entre marzo y junio de este año a través de 55 entrevistas hechas a fiscales, policías, líderes sociales, funcionarios de organizaciones humanitarias y población civil en 13 departamentos del país. 

La ONG internacional indicó que también verifico al menos 20 panfletos distribuidos en numerosas zonas del país y constató con la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación, las denuncias sobre los abusos de los grupos armados en medio de la pandemia.