Imputan cargos a militares por presunta corrupción en recursos para la pandemia

Por presuntas irregularidades en un contrato que tenía por objeto la adquisición de elementos básicos de protección y desinfección, un fiscal adscrito al Grupo de Tareas Especiales COVID-19, formuló cargos contra el coronel Freddy Alberto Baquero Jaimes, ordenador del gasto de la Central Administrativa y Contable del Ejército en Medellín.

También contra el capitán Harold Cárdenas Mesa, supervisor del contrato; el sargento segundo Carlos Eduardo Oviedo Cruz, oficial de contratación encargado; y la contratista Luisa María Castiblanco Zapata. 

El delegado del ente investigador imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tentativa de peculado y falsedad ideológica en documento público. 

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Según la investigación, el contrato fue celebrado por la Cenac con la empresa Pacific Group and Business SAS, con recursos para atender la pandemia del coronavirus, y se evidenciaron presuntos sobrecostos en un 50% de los elementos adquiridos con el convenio.

La Fiscalía indicó que Luisa María Castiblanco Zapata es la representante legal de dicha empresa, y al parecer no contaba con la experiencia, idoneidad y capacidad financiera para ejecutar el objeto contractual. 

"Hay evidencia física y elementos obtenidos en las investigaciones, en el marco de la estrategia conjunta de la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, para defensa de los recursos públicos, evidenciaron presuntos sobrecostos en un 50% de los elementos adquiridos con el contrato, celebrado por el Cenac con la empresa Pacific Group and Business SAS, de la cual Luisa María Castiblanco Zapata es representante legal y al parecer no contaba con la experiencia, idoneidad y capacidad financiera para llevar a cabo el objeto contractual", señaló el organismo investigador.

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Tras las audiencias preliminares, el Juzgado 14 Penal Municipal, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad para los procesados.