Indígenas dicen que el Gobierno no es garante de sus derechos

Tras el asesinato de uno de los integrantes del pueblo awá, el 1 de julio en horas de la tarde, por enfrentamientos entre grupos armados en zona nariñense, las comunidades indígenas exigieron al Gobierno, a las entidades competentes y  los organismos garantes de Derechos Humanos, crear y ejecutar acciones que velen por la vida e integridad de los integrantes de la comunidad indígena.

"El pueblo awá rechaza los hechos ocurridos en el resguardo de nunalbi, jurisdicción del municipio de Barbacoas, en el cual produjo el asesinato de Armando García al ser impactado por los proyectiles y su hermano Olivio García resultó herido. García, por su parte de aproximadamente 25 años, dejó a una esposa y un hijo de 2 años de edad", expresó la comunidad awá en un comunicado público. 

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Además, los líderes y representantes de la guardia indígena aseguraron que la violencia sistemática a la que están enfrentadas las comunidades continúan dejando nuevas víctimas en el territorio, "las consecuencias de una guerra ajena que se presenta entre grupos armados ilegales que delinquen en la zona del Pacífico viene cobrando desde hace años la vida de muchos compañeros", expresaron los representantes.

De igual manera, aseguraron que al interior del resguardo aún continúan los enfrentamientos lo que ha impedido llegar a la comunidad a realizar el levantamiento del cuerpo de Armando García y auxiliar a los compañeros que se encuentran confinados.

Cabe mencionar que en la zona más 30 familias han sido desplazadas en lo corrido de este año y a la fecha se han reportado 57 hechos victimizantes que afectaron a más de 750 personas relacionadas con enfrentamientos, homicidios accidentes por minas antipersona y municiones sin explotar, entre otras violencias. 

Por lo anterior, solicitan a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría acompañar y tomar declaraciones a las familias desplazadas para la activación de rutas de atención humanitaria.

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Así como a la alcaldía municipal de Barbacoas para que activen el comité de justicia transicional y se articulen con todas las entidades competentes para brindar la atención necesaria frente a estos graves hechos.

Igualmente, a las Naciones Unidas ONU y demás organismos defensores de Derechos Humanos a desarrollar una misión humanitaria para visibilizar de la grave situación en la que se encuentran las familias indígenas de Colombia.