La particular petición de las víctimas de los falsos positivos a la JEP
Además, señaló que se debe profundizar en los fines políticos con los que se habrían dado estos falsos positivos.
Durante el tercer y último día de Audiencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, Carlos Alberto Córdoba, representante de víctimas, aseguró que los relatos de los militares expuestos en la audiencia se enmarcaron en una estrategia jurídica y no en aportar una verdad clara, exhaustiva y detallada a las víctimas.
"Se esperaba escuchar en esta audiencia la profundización en los tratos que recibían las víctimas directas cuando eran retenidas y que se asumiera la responsabilidad frente a las torturas que se evidenciaron en los cuerpos...también se espera escuchar en esta audiencia sobre la necesaria colaboración de otras instituciones y entidades nacionales para el encubrimiento de estos crímenes", dijo Córdoba.
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Además, señaló que se debe profundizar en los fines políticos con los que se habrían dado estos falsos positivos.
"Sabemos que estos crímenes se dieron con unos fines políticos en los cuales es necesario que se empiece a profundizar no solo en estos reconocimientos y en la investigación, sino que además se debe al fin esclarecer y demostrar las dimensiones que tenía esta estructura criminal de la cual la brigada XVI era simplemente un engranaje más", dijo el representante de víctimas.
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De otro lado, Jairo Acosta Aristizábal, funcionario delegado de la Procuraduría ante la JEP, hizo énfasis en que el organismo debe incluir y analizar dentro de la dimensión restaurativa los actos de tortura, violencia física y psicológica que cometieron los militares sobre sus víctimas antes de asesinarlas.
Finalmente, varios familiares de las personas asesinadas por los militares, pidieron a la magistratura de la JEP medidas cautelares para cementerios del departamento de Casanare, pues según ellos podrían ser intervenidos para obstruir la búsqueda de la verdad.
"Solicitamos a los honorables magistrados se ordene la medida cautelar de los cementerios de Monterey, Maní, Aguazul y si es el caso los cementerios de todo el departamento del Casanare, pues hemos recibido información que señala que esos cementerios los va a intervenir la Fiscalía y la verdad no hay confianza por parte de nosotros las víctimas", señaló Sebastián Vargas.