Más de 130 Autoridades piden garantías por acuerdo de emergencia social con gobiernos anteriores

Cerca de 136 autoridades del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) hacen presencia en el hotel Inter de Bogotá, con el objetivo de solicitar las garantías del decreto 1811 correspondiente a la emergencia social y económica que tienen los pueblos originarios del Cauca.

Las autoridades del Cric aseguraron que están a la espera de las reuniones pertinentes con los voceros del Gobierno. Teniendo en cuenta que durante este año se han realizado diálogos en torno a este tema. 

"Los antecedentes históricos, persistentes y sistemáticos para no avanzar en la pactado con el decreto 1811 de 2017 y otros acuerdos anteriores, fueron casi como una política de estado, pero gracias a la dignidad como pueblos, al dialogo y movilización social, pero, sobre todo, al reconocimiento que el gobierno del presidente Gustavo Petro, le ha dado a la lucha histórica de los pueblos originarios, se está avanzando en lo acordado", dijeron los voceros. 

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Cabe destacar que, en el gobierno de Juan Manuel Santos se firmó el Decreto 1811 y el estado adquirió unos compromisos con la organización y sus comunidades, pero el incumplimiento en los dispuesto fue una regla general por los mandatarios siguientes, que, a través de la inobservancia a lo pactado, el desconocimiento de lo acordado y de restarle valor a la palabra empeñada, se ratificó el sentimiento de lucha y resistencia y la necesidad de movilizarse para exigir derechos.

De esta manera, los Planes Cuatrienales ordenados por el Decreto tuvieron mínimo cumplimiento, pero, sobre todo, no se formularon las políticas indígenas en la Comisión Mixta que permitieran desarrollar y viabilizar los derechos, solo hasta el actual gobierno del presidente Gustavo Petro.

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Uno de los objetos del decreto es establecer mecanismos urgentes y eficaces que garanticen la atención a la emergencia social, cultural y económica de los pueblos indígenas del Cauca, mediante iniciativas de política pública indígena y planes de inversión en materia de territorialidad, medio ambiente, derechos humanos, desarrollo de las normas constitucionales, economía y seguridad alimentaria en cabeza de los Ministerios y las entidades gubernamentales del orden nacional responsables de los mismos.