Masacre del Naya: Defensoría reveló que mujeres víctimas eran trabajadoras sexuales vulnerables

A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo rechazó la masacre en la vereda la Sagrada Familia, zona rural de López de Micay, Cauca, en la que murieron violentamente siete hombres y cinco mujeres, quienes se dedicarían al trabajo sexual.

"Según la información con la que se cuenta hasta el momento, las mujeres eran miembros de la población civil y eran trabajadoras sexuales. Esto indicaría que se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad y marginalización debido a prejuicios de género exacerbados en el marco del conflicto armado", manifestó el Ministerio Público.

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Ante la masacre, la Defensoría del Pueblo exhortó a las autoridades nacionales y locales para que avancen en la implementación de las recomendaciones incorporadas en las alertas tempranas estructurales que se han emitido para la región, particularmente la 033 de 2020 y la 039 de 2023.

Según la entidad, dichas alertas, y sus posteriores oficios de consumación, han advertido explícitamente los graves riesgos humanitarios para la población civil generados por ataques provocados por disputas territoriales entre grupos armados organizados y que incluyen hechos de violencia contra la mujer.

"La Defensoría del Pueblo ha monitoreado la situación, ha participado en las instancias institucionales de respuesta y brindará atención inmediata y acompañamiento a las personas afectadas. En consecuencia, desarrollará una misión humanitaria en articulación con las autoridades locales y regionales para garantizar la protección de la población civil, con especial atención de la situación de las mujeres", rezó el comunicado.

Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo les recordó a todas las partes en confrontación en la subregión de el Naya que es su obligación respetar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

"Así mismo, están en el deber de no emprender acciones violentas o afectar de otras formas a la población civil que no participa en las hostilidades, aún cuando estas personas tuvieran alguna relación sentimental, afectiva, sexual o de otra índole con los integrantes de los grupos armados. Ellas son personas protegidas bajo el Derecho Internacional Humanitario", dijo la entidad.

Sobre la masacre

El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el almirante Francisco Cubides, confirmó que la masacre de 12 personas en el sector de El Naya, en los límites entre Buenaventura y López de Micay, sería producto de disputas internas de la estructura ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.

Alias  'Pablo Villa', uno de los señalados cabecillas del grupo en esta zona, habría orquestado el ataque contra otro cabecilla, alias ‘Tatín’, quien habría muerto en el hecho. 

"Se trata de una pugna interna de la estructura 'Jaime Martínez' que hace presencia delictiva en la costa pacífica del Valle del Cauca. Se conoce presuntamente de unos desacuerdos en temas del manejo de narcotráfico. Alias 'Pablo Villa' ordena asesinar a unos de sus hombres que estaban acercándose a negociar la cocaína con el ELN", manifestó el alto oficial.

Aunque preliminarmente este hecho había sido catalogado como un enfrentamiento, al consultar a la ONG Indepaz, la entidad indicó que independientemente de que las personas fallecidas hayan sido señaladas de pertenecer a un grupo armado ilegal, si al momento de los hechos estaban en indefensión, constituiría una masacre.

Según la defensoría del Pueblo, la exacerbación del conflicto armado en esta zona del país está poniendo en riesgo la vida, integridad y dignidad de miles de personas, que se encuentran atrapadas en medio de ataques entre distintos grupos armados organizados.

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"Las dinámicas de violencia en la subregión del Naya, así como la expansión del control territorial por parte de actores armados hacen parte de una crisis humanitaria que requiere de acciones urgentes por parte de las autoridades competentes para evitar más pérdidas humanas y proteger a las comunidades más vulnerables", puntualizó la Defensoría.