Mesa de paz total pide que se reanuden diálogos con grupos armados ilegales

A través de una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, los integrantes de la 'mesa de paz total' del centro penitenciario de Cómbita, en el departamento de Boyacá, solicitaron al Gobierno buscar por todos los medios la 'paz total', así como la construcción de un escenario de diálogo y consenso, y retomar los acercamientos con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo. 

“La MESA DE PAZ TOTAL DE CÓMBITA BOYACÁ insistimos que para que la paz total concluya exitosamente las negociaciones deben ser de carácter político, en este sentido argumenta que es problemático optar por la figura de una ley de sometimiento con las AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA -AGC- por cuanto los supuestos de esta posición son cuestionables y llevan fácilmente a callejones sin salida”, rectificaron los integrantes.  

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Del mismo modo, los privados de la libertad que se sumaron a esta iniciativa desde el año 2022, aseguran que la idea de 'paz total' que promueve el Gobierno es clave para restablecer las conversaciones bajo un pacto de cese al fuego bilateral real con grupos armados ilegales.  

Estos deben ser verificados y evaluados por diferentes mecanismos nacionales e internacionales como veedurías, la misión de verificación de la ONU, la MAPP/OEA, el Comité de la Cruz Roja Internacional (CICR) la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica. 

Cabe recordar que el 16 de diciembre del 2022 se instalaron oficialmente las 'mesas de paz total' en diferentes centros penitenciarios de Colombia, entre ellos La Picota de Bogotá y Cómbita en Boyacá. 

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En el caso de Bogotá, durante el evento de instalación de la mesa de paz se escuchó a Carlos Mario Úsuga David, hermano del jefe máximo del Clan del Golfo, alias 'Otoniel', quien coordinó las finanzas de esa estructura criminal.  

Úsuga fue el encargado de crear un software que tiene como objetivo avanzar en la búsqueda del cese definitivo de la violencia, de igual manera, revela en tiempo real los datos de cada persona privada de la libertar, señalando el tiempo y delitos en cada condena.