MinJusticia aseguró que Petro es el que decide quiénes de la Primera Línea quedan en libertad

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que el decreto que permite la liberación de integrantes de la 'Primera Línea', crea una comisión que aconsejará al presidente Gustavo Petro, sobre quiénes son las personas adecuadas para ser “gestores de paz”. 

El funcionario explicó que aunque se trata de recomendaciones, finalmente será el presidente de la República, el encargado de decidir, al tiempo que agregó que se trata de una figura utilizada en gobiernos como los de los expresidente Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe.  

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Hay polémica sobre esta decisión, pues algunos sectores políticos y sociales, aseguran que integrantes de este grupo como alias '19', quien ya fue condenado por delitos como tortura, podrían salir de prisión. Sin embargo, el ministro Osuna, aseguró que, por su perfil, es poco probable que figure en la lista de seleccionables. 

"Digamos que la ley no tiene restricción alguna, pero en los lineamientos que estableceremos, le recomendaremos al presidente que sean las persas que tengan mayor vocación de contribuir a la reconciliación y de cumplir con tareas humanitarias y, probablemente, la persona que usted menciona (alias '19') no podría cumplir con esas tareas", aseguró Néstor Osuna. 

Además respondió a un llamado que hizo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, en el que pidió que fueran los magistrados y los jueces quienes tengan la última palabra. Ante esto, el ministro afirmó que, pese a tratarse de una decisión presidencial, la decisión la tomará la rama judicial. 

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"No solamente en estos casos, la resolución del presidente se le remite al juez de ejecución de penas si es el caso o a la persona que disponga de la libertad, sino que, si después de eso hay demandas o controversias judiciales, en este país, como en todo estado derecho, los jueces tienen la última palabra y eso siempre se respeta", aclaró el ministro de justicia. 

Resaltó que, el objetivo de este decreto, es lograr que las personas que cometieron hechos violentos durante el estallido social, tengan la oportunidad de iniciar un proceso de reparación en el marco de la justicia restaurativa.