"Nos estamos defendiendo para enfrentar demanda de Thomas Greg": Agencia Jurídica del Estado
Esta demanda en torno a la licitación de los pasaportes está siendo estudiada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, John Camargo, aseguró que ese organismo se está defendiendo con todas las armas jurídicas para enfrentar la demanda que fue instaurada por la firma Thomas Greg & Sons en contra de la Cancillería colombiana, con la que reclama más de $117.000 millones por haber expedido la resolución con la cual se declaró desierta la licitación de los pasaportes, en 2023.
“En este momento nos encontramos en un escenario jurídico completamente diferente, en este sentido nos estamos defendiendo con todas las armas. El trabajo conjunto que estamos haciendo entre la Agencia y la Cancillería van a dar cuenta de ellos”, manifestó Camargo.
De igual forma, señaló que en el marco de la labor de la Agencia Jurídica, se tiene la convicción de que en torno a este caso el Estado Colombiano no cometió ninguna acción contraria a su deber.
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Así mismo, sostuvo: “Estoy convencido que el Estado Colombiano no cometió una acción contraria a su deber y en ese contexto, claramente, es mi responsabilidad defender cada peso de los colombianos”.
La pretensión de esta demanda que está siendo objeto de estudio por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se relaciona con las ganancias que habría obtenido Thomas Greg de la ejecución del contrato y por el daño a la reputación de la firma.
La demandante pretende que se determine la nulidad del acto administrativo que declaró desierto el proceso de Licitación Pública No. LP-001-20232, con el consecuente restablecimiento del derecho.
En la acción judicial se pretende que, en caso de que la Cancillería no acceda a la revocatoria directa de la decisión, "se declare la nulidad de la Resolución que así lo resuelva".
La demanda fue nuevamente instaurada ya que la Cancillería, a finales de marzo decidió revocar la resolución 1396 de 2024, que emitió el exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, el 26 de febrero de este año en las que se adjudicaba el contrato de pasaportes a Thomas Greg & Sons.
"La demanda cumple con los requisitos establecidos en los artículos 161 y 162 del C.P.A.C.A. Los actos administrativos que han perdido fuerza ejecutoria son susceptibles de control judicial", indicó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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En la decisión del Tribunal se señaló en su momento que: "Admitir la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la Unión Temporal Pasaportes 2023 contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Relaciones Exteriores".