Ocho menores se suicidaron en las filas de las Farc y 60 más fueron fusilados

Cinco horas duró la primera versión voluntaria de Pablo Catatumbo ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP dentro del caso 07 sobre reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado por el cual deberán responder inicialmente 15 de los antiguos comandantes, entre ellos Rodrigo Londoño Timochenko, quienes hicieron parte del Estado Mayor Central y el Secretariado entre 1978 y 2007.

Una de las acusaciones  contra los antiguos comandantes de esa guerrilla, tiene que ver con una base de datos que fue encontrada en los computadores del Bloque Oriental, según  los informes recibidos por la JEP.  

“Se encontraron 286 registros de personas que ingresaron siendo menores de 18 años y murieron dentro de la organización. De este grupo, 60 fueron fusilados después de consejos de guerra y ocho se suicidaron”, dice el informe. 

La de Pablo Catatumbo, quien  fuera comandante del Bloque Occidental de las Farc, es la primera diligencia de un miembro de la extinta guerrilla  en este caso  07 de reclutamiento de menores de edad.

Según un comunicado de la JEP al terminar  la versión de Catatumbo, “una de las razones que tuvo en cuenta la magistratura para convocarlos a la primera ronda de versiones tiene que ver con la posibilidad real que tuvieron estos exjefes guerrilleros de influir en la toma de decisiones relacionadas con el reclutamiento, como régimen de vida y disciplinario, sanciones y definición de instancias de control”.

Estas primeras versiones ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, “tienen como objetivo ahondar en las decisiones que se tomaron desde las directivas de las Farc- EP frente al reclutamiento de niñas y niños menores de dieciocho años. Por eso, entre los primeros citados se encuentran los exintegrantes del Estado Mayor Central y el Secretariado entre 1978 y 2007”.

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 La JEP tuvo en cuenta que Catatumbo ,al igual que los  restantes 14 integrantes del secretariado de las Farc ,  Edgar López Gómez, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Rodolfo Restrepo Ruiz, Martín Cruz Vega, Luis Óscar Úsuga Restrepo, Jesús Mario Arenas Rojas, Milton de Jesús Toncel Redondo, Julián Gallo Cubillos, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Jhon Jairo Pardo Hernández, Rodrigo Londoño Echeverry, Juan Hermilo Cabrera Díaz, Abelardo Caicedo Colorado y Diego Ardila Merchán,  “participaron de las VI, VII, VIII y IX Conferencias Nacionales Guerrilleras y los Plenos del Estado Mayor Central de 1997 y 2000, donde se perfiló esta práctica”.

Según los informes presentados ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP , el Estado Mayor Central y el Secretariado  de las Farc,  “fueron los encargados de concretar y hacer seguimiento a los planes de copamiento territorial del grupo armado, dar directrices para su expansión y definir, promover o aplicar sanciones a ciertos mandos, o ratificar aquellas que se aplicaron por parte de los frentes y bloques”.

Añaden los informes que,  “el Secretariado proponía las tesis a estudiar y en las conferencias se definían los documentos rectores de la estructura armada, como estatutos y reglamentos del régimen disciplinario”.

La Sala de Reconocimiento de Verdad, también analizó para convocar a los exjefes de las Farc a versión voluntaria dentro del Caso 007,  los documentos rectores de esa extinta guerrilla, además  hizo un estudio de medios.

“Están agrupados en los Tomos I y IV de Génesis de la Fiscalía, 10 sentencias condenatorias por el delito de reclutamiento ilícito y nueve bases de datos institucionales que recogen información de víctimas de reclutamiento ilícito o sus procesos de reincorporación”, dice el informe de la JEP. 

Según el comunicado de la Sala de Reconocimiento de Verdad, se cuenta con más de 8.000 casos registrados,  “la fecha con el mayor número de hechos reportados se ubica entre 1997 y 2000, cuando se presentó una tendencia ascendente del fenómeno. El caso 07 no solo investiga el reclutamiento sino también otras prácticas asociadas como el abuso, la violación y abortos forzados”.

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El caso 07 está dividido en dos subcasos: uno relacionado con las violaciones cometidas por las Farc EP y el otro que determinará la responsabilidad de miembros de la fuerza pública.