Ocho reclamantes de tierra han sido asesinados en 2023

Desde la Agencia Nacional de Tierras (ANT), y la Unidad de Restitución de Tierras (UTR), denunciaron el asesinato del líder social comunitario del corregimiento San Pablo Tulapas, Diego Antonio Arrieta López, de la vereda El Porvenir Tulapas, en Turbo, Antioquia, quien era reclamante de tierras en este sector del municipio antioqueño.

Según la UTR, Antonio Arrieta López fue presidente por varios períodos de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Porvenir Tulapas en donde vivió por más de 40 años. Además, fue líder guardabosques y perteneció al comité de impulso y tejedor del programa de reparación colectiva de la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas.

Giovani Yule, director general de la Unidad de Restitución de Tierras aseguró que en lo corrido del 2023 se han presentado ocho asesinatos de líderes del sector, “ya tenemos ocho líderes que desafortunadamente han sido asesinados por estos actores al margen de la ley”.

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Agregó que Antonio Arrieta tenía a su favor una sentencia judicial “para que se le restituyera el derecho fundamental a su predio. O sea, que estamos ante una situación donde se había concebido el derecho fundamental a la restitución y desafortunadamente no puede recibir el predio porque ha sido asesinado”.

Asimismo afirmaron que Arrieta López era beneficiario de un predio en disputa con empresarios madereros y terceros ocupantes. Ante esto, la URT le había hecho entrega de este predio ubicado en la vereda Tulapas en reconocimiento a su derecho legítimo a la tierra.

Las entidades denunciantes indicaron que este es uno de los casos más complejos de despojo en Urabá, el cual  involucra a paramilitares y empresarios, y que fue priorizado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Ante esto, Gerardo Vega Medina, director general de la ANT, solicitó medidas cautelares a la JEP para este caso y explicó que “el asesinato de Antonio Arrieta tiene una connotación muy grande porque en la zona de Tulapas la Reforestadora Integral de Antioquia (RIA), de la cual son socias la Gobernación de Antioquia, el Instituto de Desarrollo de Antioquia (IDEA) y EPM, tiene sembradas 1.250 hectáreas de teca”.

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Agregó que la “RIA tiene un contrato de uso de tierras en el norte de Urabá para explotación de teca con el Fondo Ganadero de Córdoba, fondo que está en liquidación, fondo cuyos socios y representantes legales han confesado ante la JEP y ante Justicia y Paz que todo se hizo en connivencia con los grupos paramilitares, que despojaron, asesinaron e hicieron masacres en la región de Urabá”.

La Unidad de Restitución de Tierras y la Agencia Nacional de Tierras condenaron y rechazaron la “persecución sistemática contra líderes sociales que desarrollan una labor fundamental en la lucha por el derecho a la tierra de sus comunidades y exigen a las autoridades acciones contundentes que conduzcan a parar el exterminio de los liderazgos territoriales que tanto bien le hacen a la paz y a la democracia de nuestro país”.