OEA denunció aumento en reclutamiento de niños en Colombia

La Misión de Acompañamiento y Monitoreo para el Proceso de Paz  de la OEA, (MAPP), encontró que en el primer semestre del año aumentó el reclutamiento forzado de menores de edad, la violencia política, el asesinato de líderes sociales e indígenas, desplazamientos, confinamientos,  siembra de minas, e hizo varias recomendaciones al Gobierno Nacional para fortalecer una política integral de defensa de los Derechos Humanos y de garantías para mujeres lideresas.

El  XXVII Informe Semestral  de la  MAPP/OEA contiene los principales hallazgos mediante las labores de monitoreo y acompañamiento realizadas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2019.

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El documento precisa que “persisten las afectaciones contra la población civil como la ocurrencia de desplazamientos forzados, confinamientos y siembra de Minas Antipersonal”  así como  “afectaciones contra líderes, lideresas, servidoras y servidores públicos que han estado al frente de la implementación de políticas de paz como el PNIS y el PDET”. 

Resalta la MAPP/OEA que en el primer semestre del año “se observan con preocupación las dinámicas de reclutamiento forzado y vinculación de niños, niñas y adolescentes en zonas de influencia del ELN y Grupos Armados Organizados Residuales, con un fuerte componente de afectación sobre comunidades indígenas y afrodescendientes, especialmente, sobre los pueblos indígenas Embera Dóbida y Wounaan en el departamento el Chocó”. 

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El informe también recoge el contexto electoral que terminó el pasado 27 de octubre e identifica el aumento de la violencia política en contra de los candidatos a cargos de elección popular,  “quienes recibieron amenazas y también fueron víctimas de homicidios, lo que representa un riesgo para el ejercicio democrático en Colombia, y en especial ha puesto en evidencia las afectaciones y la violencia política que por razones de género enfrentan las mujeres candidatas”.

Agrega la MAPP/OEA que “ continúan las afectaciones contra líderes/as y miembros representativos de las comunidades en zonas como Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Norte de Santander y Nariño, así como contra personas que pertenecieron a las FARC-EP, en particular contra excombatientes de base, en los departamentos de Caquetá, Guaviare, Nariño, Putumayo, Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Meta y Arauca”. 

En sus recomendaciones la Misión de Acompañamiento al Proceso de Paz de la OEA,  recomienda  al Gobierno Nacional “a continuar con la construcción de la Política Integral de Respeto y Garantías a la Labor de Defensa de los DDHH, así como la puesta en marcha del Programa Integral de Garantías para mujeres lideresas”.

También la OEA pide fortalecer la Jurisdicción Especial Indígena (COCOIN), que son los mecanismos judiciales propios de los pueblos indígenas y “la coordinación efectiva con la Justicia Nacional que son instrumentos idóneos para mitigar los delitos, las afectaciones, combatir la impunidad y crear bases sólidas para la paz”. 

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La Misión subraya que acompañará y monitoreará la iniciativa del Gobierno que anunció la definición de cinco Zonas Estratégicas de Intervención Integral o Zonas Futuro, “en las cuales se busca garantizar una acción coordinada, sostenida e integral del Estado, con el fin de mitigar dinámicas violentas y de deforestación”.

El informe de la OEA destaca los avances significativos en la implementación del sistema de justicia transicional y valora la existencia de casos territoriales pero “advierte la persistencia de barreras de acceso a la justicia que históricamente han afectado a las comunidades que perviven en el caso de la JEP”. 

La MAPP/OEA también insiste en acatar el llamado de las comunidades “ a privilegiar estrategias de sustitución voluntaria sobre cualquier estrategia de erradicación forzosa, buscando la sostenibilidad y el retorno a las economías lícitas con una efectiva presencia del Estado”.

Estos hallazgos, dice el informe son producto de 1.648 misiones en terreno, desarrolladas en 860 centros poblados pertenecientes a 205 municipios de 22 departamentos del país, a través de 18 oficinas regionales y un equipo móvil.