ONU halló tres casos de abuso sexual que involucrarían a militares

Brunori también reconoció que el Gobierno ha adoptado medidas que buscan evitar cualquier tipo de agresión sexual.

"Existe y por supuesto se reconoce una política institucional del Ministerio de Defensa de cero tolerancia frente a los actos de violencia sexual", aclaró.

El representante en Colombia de la Alta Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se mostró preocupado al manifestar que se habría registrado un operativo en el que un grupo criminal habría apoyado a uniformados del Ejército, en hechos ocurridos en Valdivia (Antioquia).

"Recibimos información documental que indicaría que, el 8 de abril de 2019, en Valdivia (Antioquía), miembros de un grupo criminal y de otros grupos violentos, participaron en una operación militar oficial, portando armas y realizando acciones que son prerrogativa de las autoridades del Estado, tales como allanamientos, incautaciones y detención de personas", reveló.

Cuestionó además que dos campesinos hubiesen sido capturados por los integrantes de ese grupo armado ilegal y que además, los hubiesen maltratado.

"En el desarrollo de estas acciones, estos individuos detuvieron ilegalmente a dos campesinos, a quienes además sometieron a tratos crueles. Estas detenciones fueron posteriormente declaradas como ilegales por un juez", afirmó Brunori.

Homicidios

Brunori resaltó que en el 2019 se registró el pico más alto en materia de homicidios y en el uso excesivo de la fuerza "Se documentaron 15 casos de presuntas privaciones arbitrarias al derecho a la vida en 2019. Esta cifra es la más alta registrada por esta Oficina desde 2016", sostuvo.

En ese sentido, añadió que "en 13 casos se observó que las muertes habrían sido causadas por el uso innecesario y/o desproporcionado de la fuerza. En once casos, las muertes ocurrieron en contextos de operaciones militares relacionadas con seguridad ciudadana tales como la prevención y persecución de delitos y la lucha contra el narcotráfico".

Por estos hechos, Brunori aseguró que "la Alta Comisionada llama al Estado a restringir en la mayor medida posible y, de acuerdo con las normas y estándares internacionales, el uso del Ejército en situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, incluida la protesta social. Así mismo y de acuerdo con la necesidad de fortalecer la capacidad institucional de la Policía, recomienda su transferencia al Ministerio del Interior".