ONU pidió al Gobierno reforzar protección para líderes sociales

Ante el continuo asesinato de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en el país, la Organización de las Naciones Unidas en Colombia hizo un llamado al Estado para que responda de manera inmediata por estos hechos.

Según la entidad internacional, el Gobierno es el que debe iniciar las investigaciones y esclarecer los hechos detrás de los asesinatos, y además exigir justicia al respecto.

La ONU insta al Estado colombiano a reforzar las medidas de prevención, protección e investigación para garantizar el derecho a la vida y la integridad de las y los colombianos en todos los rincones del país”, sostuvo la entidad en un documento. 

Así mismo reveló que según sus análisis y denuncias, los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca son los más afectados por la violencia que se está tomando, de nuevo, al país.

Por tanto, ante el acuerdo de paz que se firmó entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc, la ONU continuará prestando toda la ayuda para continuar con el cumplimiento del posconflicto.

De otro lado condenó los hechos que se han presentado en el último mes, con los ataques a 24 líderes, e hizo énfasis en los más de 100 que han sido asesinados en lo que va corrido del año.

“El recrudecimiento de la violencia afecta las condiciones para una verdadera paz estable y duradera (...) los habitantes de las regiones más afectadas por el conflicto armado son quienes están vulnerables a las múltiples violaciones de sus derechos colectivos e individuales”, agregó la ONU en el escrito. 

Este organismo advirtió que aunque hay zonas de conflicto identificadas, se prevé que haya otros municipios que también están sufriendo los daños de la violencia, sin que se conozca la realidad por parte de la opinión pública.

La ONU aseguró que continuará apoyando a los defensores de Derechos Humanos y líderes sociales y comunales, así como al Estado colombiano, para garantizar el derecho a la vida de los colombianos.