Ordenan suspensión de proyecto turístico en La Guajira por afectar resguardos indígenas

La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) ordenó la suspensión de un proyecto turístico que se iba a construir en jurisdicción del municipio de Dibulla ubicado en el departamento.

Al parecer, el proyecto afectaría los recursos naturales y zonas cercanas a sitios sagrados del resguardo Kogui – Malayo – Arhuaco asentados en parte de la Sierra Nevada de Santa Marta, según documentos del Ministerio de Cultura.

Se conoció además que, al parecer, quienes estaban adelantando las obras eran los integrantes de una familia de apellido Peralta, los cuales “llevan varios años residiendo en la región y pretenden desarrollar un proyecto hotelero en la zona”, señala la queja radicada ante la Procuraduría.

Esta decisión se dio después de que la Procuraduría iniciará una verificación del estado del proyecto y encontrara presuntas irregularidades sobre los permisos ambientales para desarrollarlo.

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También se encontró que la compañía encargada del complejo turístico, al parecer no cumplió con una consulta previa a las comunidades indígenas de la región y que su ubicación violaría los límites de protección de sus resguardos.

“Parte del proyecto se encuentra cerca de la denominada Línea Negra, área protegida que prioriza la biodiversidad y garantiza el libre acceso de las comunidades indígenas que habitan ese territorio”, señaló la Procuraduría.

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Por su parte, las inspecciones que adelantó Corpoguajira concluyeron que el proyecto al parecer estaría incurriendo en delitos e infracciones ambientales.

El informe de la entidad encontró que los encargados de la construcción dragaron al parecer ilegalmente, una parte de la desembocadura del río Ancho, ya que no contaron con los permisos de ocupación, “lo que ocasionó un daño severo sobre la vegetación y especies del área”.

Esas irregularidades dieron paso a la apertura de una investigación administrativa ambiental contra los propietarios del proyecto turístico.

Por su parte, la Procuraduría compulso copias a la Fiscalía para que abra una investigación penal por posible invasión de áreas especial protegida ecológica.