Partido Farc califica de "desplazamiento forzado" el traslado de excombatientes a Mutatá
Los reincorporados ya se encuentran con sus familias en ese municipio del Urabá antioqueño.
Las 93 personas, entre excombatientes y sus familias, llegaron a Mutatá después de un largo viaje que inició en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Santa Lucía en Ituango. Su salida fue propiciada por amenazas y asesinatos.
Aunque el Gobierno Nacional, junto con la Gobernación de Antioquia, dio las garantías para el traslado, el cual fue concertado con los reincorporados, el Partido Farc insistió en que de fondo sí se trató de un desplazamiento forzado.
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Pastor Alape, delegado del partido, aseguró que debido a los incumplimientos al Acuerdo de Paz por parte del Gobierno, y por la falta de control territorial, este grupo de personas se vio en la obligación de salir de Ituango, porque allí no estaba garantizara la protección de sus vidas, ni la permanencia en el territorio.
"Los incumplimientos del Gobierno en la implementación integral del Acuerdo es el que ha generado estas situaciones de desplazamiento forzado, el Estado no garantizó la vida, ni la estadía, la permanencia en el territorio de una comunidad en la construcción de paz. Esas condiciones obligaron a que el colectivo se desplazara a Mutatá, aunque hubo apoyo del Gobierno para el traslado, sí se produjo un desarraigo, un destierro", dijo Pastor Alape.
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Cabe recordar que el Partido Farc denunció que once de los excombatientes han sido asesinados en Ituango desde la firma del Acuerdo de Paz, en 2016.
Sobre el recorrido de estas personas, el gerente de Paz y Posconflicto de la Gobernación de Antioquia, Rafael Blanco señaló que, "el traslado se dio con todas las garantías tanto en seguridad como en apoyo logístico para ello. Hoy podemos decir que se cumplió esta primera etapa. El trabajo debe continuar para la consolidación de este espacio territorial y la reincorporación de estas personas. Unidos seguramente lograremos este propósito".
El proceso fue coordinado en conjunto por la Gerencia de Paz y Posconflicto de la Gobernación de Antioquia, la ARN (Agencia para la Reincorporación y Normalización), Policía, UNIPEP (Unidad Policial para la Edificación de la Paz) y el Ejército Nacional.