Pasaportes en Colombia ¿Por qué no se declaró la urgencia manifiesta?

La Contraloría General de la República expidió la resolución 002-2023 con la que asegura que el Ministerio de Relaciones Exteriores no cumplió con todos los requisitos antes de declarar una urgencia manifiesta, en medio de lo sucedido con el contrato para la expedición de pasaportes con la compañía Thomas Greg and Sons.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores no se ajustó a la exigencia legal de remitir inmediatamente el expediente de Urgencia Manifiesta al organismo que ejerce control fiscal, para que se procediera al control automático de legalidad exigido por la norma legal”, indica uno de los apartes de la resolución emitida por la Contraloría.

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Cabe mencionar que a través de esta urgencia manifiesta, fue dada una prórroga por un año a Thomas Greg para el contrato para la licitación y prestación del servicio de elaboración de pasaportes en el país, 20 días antes de que finalizara el contrato que se estaba llevando a cabo.

Asimismo, el texto del organismo explica que “no se ajustan a los presupuestos normativos señalados en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993; sin perjuicio del control posterior que sobre el contrato celebrado debe hacer esta delegada, para verificar el cumplimiento de la planeación contractual entre otros aspectos, por parte de la entidad”.

De acuerdo con el documento, la urgencia manifiesta que utilizó el Ministerio de Relaciones Exteriores para entregar esa licitación no se ajustó a las normas de contratación estatal, por lo que incluso la Contraloría aseguró que remitirá estos hechos a la Procuraduría para que sean investigados a fondo.

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“Mediante la Resolución No. 7541 del 14 de septiembre de 2022, por medio de la cual se declara el estado de urgencia manifiesta, para recurrir a la suscripción de manera directa del contrato No. 356 de 2023…, contra la presente decisión procede el recurso de reposición, de conformidad con el artículo 77 de la Ley 80 de 1993, el cual podrá ser interpuesto ante este Despacho dentro de los 10 días siguientes”, puntualizó la Contraloría.