Pliego de cargos de Procuraduría a expersoneros de Barranquilla
Por la no publicación de contratos en el sistema de contratación pública.
El proceso contra los expersoneros de Barranquilla Jaime Sanjuán Pugliese y Angélica Ávila continúa en la Procuraduría General de la Nación.
Esta vez el órgano de control formuló pliego de cargos por la presunta omisión en la publicación de procesos contractuales en el Sistema Electrónico de Contratación Público, Secop.
Lea aquí: La lactancia materna es el mejor antídoto contra la desnutrición crónica
De acuerdo con la Procuraduría Provincial de Barranquilla, Pugliese desatendió su deber de publicar en la página web del Secop, un total de 92 contratos de prestación de servicios, que al parecer celebró bajo la modalidad de contratación directa entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2020.
Por estos mismos hechos cuestionaron a la ex personera Ávila quien estuvo en este cargo desde el 1 de marzo al 15 de mayo, y aparentemente publicó 31 contratos en el sistema fuera del término establecido.
La Procuraduría indicó que los investigados podrían haber vulnerado los artículos 24 y 26 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, teniendo en cuenta que posiblemente permitieron la publicación extra temporal de los contratos y sus respectivos estudios en la página del Secop.
Además podrían haber faltado al deber legal de direccionar y manejar la contratación en sus calidades de máximos directores del órgano de control distrital, puesto que eran los responsables del cumplimento integral de las etapas precontractuales y contractuales.
Lea también: Hombre intentó tomarse una selfie y terminó cayendo al vacío, en Santander
Los ex personeros también habrían transgredido los principios de transparencia y responsabilidad que regulan la contratación estatal, y el principio de moralidad de la función administrativa, según el Ministerio Público.
Estas supuestas faltas de ambos ex personeros fueron calificadas de manera provisional como gravísimas a título de dolo.
El órgano de control explicó que a los implicados les asiste el derecho de solicitar o aportar las pruebas conducentes a su defensa.