Presentan demanda de nulidad contra decreto que permite decomisar dosis mínima

El abogado Andrés Yepes presentó una demanda de nulidad contra el decreto de la dosis mínima, el cual permite decomisar cualquier tipo de droga. De acuerdo con los argumentos expuestos en la acción judicial, la norma contrasta con el articulado de la Constitución Política. 

"Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general", citó el letrado, al dar cuenta de cómo este artículo de la Carta Magna se está violando.

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"La lucha contra las drogas se ha abordado desde la perspectiva del consumidor por dos grandes posiciones, la visión prohibicionista y la visión antiprohibicionista, que con todo y sus matices,  continúan siendo visiones en las que se ha tratado un problema, en el que no se han logrado los resultados esperados, en cuanto a la reducción del consumo", agregó el abogado. 

"El Gobierno optó por tomar medidas de carácter represivo de tipo administrativo contrarias al espíritu de las normas y principios constitucionales, la jurisprudencia constitucional y de las altas, así como de las leyes vigentes", agregó.  

Según Yepes, "permitir la tipificación de la infracción y la sanción por el simple porte y la tenencia de la dosis personal y de aprovisionamiento, materializado en el procedimiento policivo administrativo establecido en el Decreto 1844, es inconstitucional, pues constituye un acto degradante contra el individuo, en tanto que su elección de la tenencia y el porte para su propio consumo está siendo observado como un acto represivo y objeto del  poder policivo, en tanto el Estado considera que debe ser sancionado con la medida de incautación del bien y su destrucción por parte de la Policía Nacional. 

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Este es el texto completo de la demanda, con la que se pretende que la Corte Constitucional revise el fallo.