Presunto detrimento patrimonial en Hidroituango será investigado por la Contraloría

Determinar los responsables de malas decisiones, las irregularidades en la construcción y los sobrecostos de la obra son los focos del Control Excepcional que comenzó la Contraloría General de la República en el proyecto Hidroituango de Empresas Públicas de Medellín, EPM.

Esta investigación se desarrollará durante seis meses y permitirá establecer si hubo detrimento patrimonial en la central hidroeléctrica, que tuvo un costo de más de 11 billones de pesos.

El vicecontralor encargado, Ricardo Rodríguez, aseguró que se estudiarán también algunas fallas constructivas. También se analizará por qué el tercer túnel, que se hizo para acelerar el proyecto, estuvo un año sin licencia ambiental.

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“Vamos a estudiar algunas fallas que hemos encontrado de manera preliminar desde el punto de vista constructivo, el hecho de una entrada tardía de los túneles de desviación, este túnel se siniestra de que también hubo unas labores para un destaponamiento de los túneles iniciales de carga”.

Además, señaló la Contraloría, que ha habido un riesgo en el sistema energético, pues EPM ha ingresado a subastas a ofertar la producción de Hidroituango sin tener certeza de qué sucederá con el proyecto.

Por eso se revisará también la actuación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, ya que le otorgó a Empresas Públicas de Medellín una subasta energética sin contar con la represa culminada.

Esta investigación se suma al anuncio de las gobernaciones de Bolívar, Córdoba y Sucre de emprender acciones jurídicas contra EPM por los perjuicios que ha causado la emergencia de Hidroituango en las comunidades ribereñas de sus territorios.

Plantón Ríos Vivos.

El movimiento 'Ríos Vivos', integrado por 1.200 familias campesinas afectadas por la construcción de Hidroituango, convocó a un plantón nacional este jueves para exigirle a EPM una solución definitiva a la incertidumbre que viven las comunidades ubicadas aguas abajo del proyecto.

La vocera de 'Ríos Vivos', Isabel Cristina Zuleta, pidió que un estudio independiente, que no sea pagado por la empresa, determine la viabilidad de la futura generadora de energía.

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Exigió una reparación integral a los agricultores, mineros y pescadores que se quedaron sin trabajo por las obras y "que no nos salgan cada mes con una emergencia, porque la pasada era la montaña, luego el vacío y así se pasan".