Procuraduría alerta a MinSalud por riesgos en licitación de software
La Procuraduría señaló una vulneración al principio de economía que rige en los procesos de licitación.
La Procuraduría emitió una advertencia al Ministerio de Salud sobre los posibles riesgos e irregularidades en el concurso de méritos para el contrato de desarrollo y mantenimiento de soluciones de software.
La alerta fue hecha por el organismo, tras la identificar una serie de irregularidades que podrían comprometer la transparencia y la equidad del proceso de licitación.
Marcio Melgosa, delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, señaló que la publicación de una adenda el mismo día del cierre del proceso podría vulnerar el principio de economía que debe regir este tipo de procesos.
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Según la Procuraduría, esta acción no proporcionó el tiempo necesario a los oferentes para ajustar sus propuestas de acuerdo con los cambios introducidos en el pliego, lo que podría resultar en que el. proceso sea considerado desleal.
La Procuraduría afirmó que viene observando que el Ministerio de Salud incluyó la exigencia de una certificación de calidad CMMI como criterio de calificación en el proceso de licitación lo que fue considerado como una contravención a la ley, debido que está prohibido exigir esas certificaciones como requisito para participar en licitaciones públicas.
El delegado afirmó que la inclusión de este criterio podría limitar la libre concurrencia y objetividad en la selección de proponentes, lo que va en detrimento del principio de igualdad que debe regir en los procesos de contratación pública.
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Ante esta situación, el organismo recomendó al Ministerio de Salud suspender temporalmente el proceso de licitación mientras se realiza un análisis detallado de las advertencias emitidas y que se publique un oficio en la plataforma Secop II para garantizar la transparencia del proceso.
Asimismo, el delegado recomendó evaluar la revocatoria del acto de apertura del proceso, con el objetivo de que se garanticen los principios que rigen la contratación pública y evitar demandas de nulidad que puedan afectar los recursos destinados para este propósito.