Procuraduría insiste a la Corte revisar proceso de tutela en su contra por la reforma a la salud
Se trata de una tutela de una comunidad indígena que alegó que no se le realizo la consulta previa.
La Procuraduría General de la Nación insistió a la Corte Constitucional que revise el proceso de tutela iniciado por la comunidad indígena yukpa contra el Congreso de la República y el Gobierno Nacional, por el trámite legislativo de la reforma a la salud.
En la acción popular, la comunidad indígena alega que se inició el trámite de esta iniciativa legislativa sin que las autoridades correspondientes realizaran previamente el proceso de consulta previa con las comunidades indígenas.
Leer también: "Es incierto el costo de la reforma a la salud": Gremio de las EPS
En el concepto, el organismo advirtió que se trata de un caso de relevancia constitucional, pues se encuentran involucrados sujetos de especial protección y se alega la afectación de derechos fundamentales.
"En materia de medidas legislativas, la consulta previa se debe realizar con anterioridad a la radiación del proyecto de ley”, con el fin de garantizar la efectiva participación de las comunidades étnicas", aclara el documento entregado al tribunal.
El organismo recalca que esa consulta previa no sucedió con el proyecto de ley de la reforma a la salud que no fue socializada antes de su radiación con los grupos indígenas.
Para la Procuraduría, la consulta previa de la reforma a la salud era un requisito necesario, dado que la iniciativa afecta a las comunidades por las modificaciones que se plantean al sistema de salud.
"La reforma impulsada por el Gobierno Nacional modifica el modelo especial de atención en salud que asegura el acceso a los servicios médicos de los pueblos indígenas, y las funciones de los operadores especiales creados para responder a las necesidades de los grupos étnicos del país”, agregó el oficio.
También le puede interesar: Sociedades científicas dicen que reforma a la salud pone en riesgo autonomía profesional
Frente a esto, la Procuraduría solicitó revisar el caso ante el desconocimiento del precedente constitucional y la urgencia de proteger los derechos fundamentales de los grupos étnicos